Hace rato se viene hablando de una urgente reforma del deficitario sistema de seguridad social.

Con diferencia de pocos días, este diario publicó dos notas de fondo sobre el asunto. Una fue una entrevista a un experto del Banco Mundial y la otra se refiere a un informe presentado por el Ceres, que dirige el economista Ignacio Munyo.

Vale la pena considerar algunas ideas manejadas por Rafael Rofman, del Programa para la Educación, la Salud, la Protección Social, el Trabajo y la Pobreza del Banco Mundial. Sostiene, por ejemplo, que subir la edad mínima por ley sería “un error” pero sí se debe incentivar a que la gente trabaje más años.

Se refirió a los empleos que genera la economía digital (tanto Uber como el teletrabajo, que incluye operar desde la propia casa para una empresa, por ejemplo, en Holanda) y dijo que la peor opción para afrontar ese tipo de empleo, era combatirlo. Sería “anular la posibilidad de un trabajo que a alguna gente le vendría muy bien”. En ese sentido es preferible permitir la actividad pero encuadrándola dentro de “algún formato ya existente” como es el caso de Uber en Uruguay. El desafío es pensar cuales “protecciones son importantes y cuáles pierden sentido en un contexto nuevo”. Habló asimismo, del complicado mercado de trabajo para la mujer a veces mejor preparada que el hombre.

Mucho de lo dicho por Rofman, se asemeja a cosas que traté en anteriores columnas y en especial me interesaron sus reflexiones sobre la edad.

Observa que si bien en Uruguay la edad mínima de retiro es de 60 años, en los hechos el promedio con que la gente se jubila es 63 años. O sea, cerca del límite de 65 que algunos sugieren establecer.

Rofman sostiene que “la sociedad necesita que esta gente siga trabajando, pero no obligadamente” y advierte que si hoy quienes están debajo de los 63 perciben que se está por cambiar la edad mínima, “se jubila por las dudas” y ello llevaría a un fuerte desajuste en las ya complicadas cuentas del BPS.

Su consejo es buscar “mecanismos que hagan que esta tendencia que ya existe, se profundice”. Propone “ir lentamente postergando el retiro, sin necesidad de enfrentar una discusión sobre cuál debe ser la edad mínima”.

Uno de los problemas en Uruguay, al que Rofman no alude, es que quienes propician retiros tempranos y forzados son las empresas.

Muchas establecen una edad obligatoria de retiro que va entre los 60, 65 o 70. Si la persona tiene buen estado físico o mental, si está a gusto con su tarea, si entiende que tiene más para aportar o si teme que la jubilación sea (como inevitablemente ocurre) una drástica reducción de sus ingresos, no importa.

Otras empresas plantean a sus empleados mayores que por un problema de costos no hay más remedio que reducirles el sueldo, con lo cual la alternativa es un retiro anticipado y no deseado.

Por lo tanto no solo se trata de alentar a las personas a retrasar su retiro sino que hay que ocuparse de las empresas que lo obligan.

Es verdad que hoy la gente vive más tiempo, pero eso no quiere decir que envejece más tarde. Por lo tanto si bien no quiere retirarse, tampoco quiere trabajar el horario completo. Necesita, como dice Rofman “ir bajando el ritmo de intensidad”.

En Uruguay hace tiempo que se habla, pero nada se hace, de permitir que un jubilado asuma tareas remuneradas con menor dedicación, desde la casa o con un esfuerzo reducido, sin por ello perder la jubilación ya adquirida. De ese modo se siente útil y redondea un ingreso que, de otro modo es muy magro como lo son las jubilaciones en este país. Por esa tarea también aportará al BPS. Eso exige eliminar el erróneo concepto de que quien está jubilado no puede ni debe trabajar en otra cosa porque de hacerlo pierde la jubilación, pese a ser su derecho legítimamente adquirido. Es parte de esa veta cruel con que el Estado trata a la gente. La aprieta por un lado y la sofoca por otro.

Existe un proyecto sencillo y claro presentado en el período pasado por el diputado colorado Conrado Rodríguez. No hay más que votarlo ya. Ni siquiera debe esperarse a una propuesta global sobre la Seguridad Social. Se trata de reparar cuanto antes una muy concreta y grosera injusticia.

Por último Rofman aborda la existencia de varias cajas jubilatorias. No discute si es mejor una que muchas, pero entiende que por razones de equidad e incentivos, las reglas de juego de las distintas cajas deben tender a ser las mismas: “no puede ser que alguien tenga un mejor beneficio porque trabajó en un sector que otra persona”.

Eso hoy ocurre. Todos aportan más o menos lo mismo, pero los criterios para liquidar una jubilación no son iguales. A algunos se les aplica el famoso tope, un rapaz recorte de lo que le corresponde cobrar; a otros no. Unos pueden jubilarse por ciertas cajas pero seguir trabajando en la actividad privada. Lo inverso casi no existe y por lo tanto los afiliados a la llamada “Industria y Comercio” (en muchos sentidos la más perjudicada), no tienen escapatoria y por eso urge el proyecto de Conrado Rodríguez.