Tomás Linn
Tomás Linn

¿Consulta o revancha?

¿Cuál es el sentido genuino de una consulta popular? La pregunta viene a cuento porque a medida que avanza la recolección de firmas mucha gente se pregunta para qué sirve un referéndum si la ley fue discutida en ambas cámaras por todos los partidos, de frente y de fondo, de canto y de plano.

La consulta popular es una forma de “democracia directa”: se le pide al soberano que, sin intermediación alguna, se pronuncie sobre una ley. No actúa en la etapa previa de elaboración pero sí en su votación final y recién ahí se convierte en una suerte de legislador.

Distinto es el caso de una reforma constitucional, donde la consulta popular es el requisito obligado para concluir un proceso de cambio en la Constitución. Hay varios caminos previstos para reformarla pero cualquiera sea el procedimiento elegido, al final debe haber una confirmación por parte del soberano, mediante un plebiscito. Lo cual para estos casos, tiene su lógica.

La idea de apelar a la democracia directa seduce a mucha gente pero no siempre es un mecanismo perfecto. La democracia indirecta es la que funciona a partir de un Parlamento con representantes elegidos por la gente y que actúa en nombre de esa gente. La aprobación de leyes resulta del debate en el hemiciclo (y en las correspondientes comisiones) donde se hacen correcciones, concesiones y acuerdos que atenúan el impacto inicial de un proyecto.

De eso se trata precisamente. No de enfrentar de modo radical a mayorías contra minorías sino de lograr que en el debate se considere lo que cada parte opina y, si viene a cuento, se incorporen ideas de diverso origen.

La ley saldrá por mayoría de votos, sin duda, quizás corregida y mejorada gracias a la incidencia que tuvieron los representantes de las minorías al discutir sus contenidos. Ocurrió con la Ley de Urgente Consideración.

El referéndum por el contrario, omite el debate, lo pasa por alto. La recolección de firmas es para habilitar el llamado a la consulta y luego, en la instancia misma, se vota Sí o No, blanco o negro. Es una opción tajante y sin matices. Esquematiza. Tal vez radicaliza. Una postura suprime a la otra y el soberano decide pero no incide en el debate.

Eso se vio en la campaña de recolección de firmas puerta a puerta. Cuando algún dueño de casa pidió que se le explique por qué debía apoyar la derogación de la ley, los militantes no tenían idea. Esto sucedió. Hay relatos en las redes de situaciones así, contadas como la simple consignación de un hecho.

El otro dilema que plantea el llamado a una consulta es quién debe ser el convocante. Ya hubo una extensa y minuciosa discusión en el Parlamento, donde todos los partidos se hicieron escuchar y el intercambio de ideas entre oficialismo y oposición llevó a las correcciones mencionadas. En el caso de la Ley de Urgente Consideración, el Frente aprobó casi la mitad de sus artículos.

Los representantes de los ciudadanos tuvieron su oportunidad en ambas cámaras, unos ganaron (aunque para ello debieron hacer concesiones) y otros perdieron aunque igual mecharon sus ideas en la ley. Se discutió en una cámara, luego en la otra y pasó de vuelta a la primera hasta ser aprobada. El procedimiento fue claro, transparente y todos tuvieron oportunidad de decir lo suyo.

Parece de mal perdedor que los protagonistas del debate parlamentario sean los que piden una revancha usando un mecanismo que cuestiona lo que ellos mismos legítimamente hicieron en sus respectivas cámaras. Es que si la Constitución incluye algunos procedimientos de democracia directa (pese a que la base de su funcionamiento es el de una democracia representativa), no es para que la use el partido que perdió el debate parlamentario, sino para que aquellos ciudadanos que ante una instancia específica sienten que sus representantes no fueron fieles al mandato otorgado, puedan canalizar su discrepancia mediante una consulta. El concepto histórico no es que sea el partido perdedor quien llame a firmar. Él ya tuvo su oportunidad y perdió. Debería ser un instrumento a ser usado como iniciativa ciudadana, independiente de los partidos.

Ocurre, tal como lo describió Juan Martín Posadas en su columna del domingo pasado, que esta campaña contra la ley es “un emblema” y por lo tanto se firma no para cuestionar su contenido, que nadie leyó, sino como una clara expresión en contra del gobierno.

No es la primera vez que este instrumento diseñado para ser usado por la ciudadanía, se transforma en un mecanismo de lucha política que desprecia el debate parlamentario, con sus complejidades, matices y concesiones, para convertirse en una gimnasia militante que simplifica los temas a un nivel demagógico y busca enfrentar a quien ejerce el gobierno e incluso eventualmente, por esa vía, generar hechos políticos no previstos.

Así pues, están barajadas las cartas.

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