Todo indica que el país volverá a vivir lo mismo que antes de que en 2005 el Frente Amplio accediera por primera vez al gobierno. Previo a eso, cada vez que a la izquierda no le gustó una ley votada por el Parlamento, convocó a una consulta popular.

Lo hizo una y otra vez, con suerte variada, y todo indica que volverá a utilizar el mismo mecanismo por lo menos ante la Ley de Urgente Consideración ya en vigencia. Como antes, ahora tampoco reconoce cuando pierde, no acepta el veredicto de la mayoría, no consiente ni da vuelta la hoja, solo busca paralizar a quienes ganaron elecciones.

En el pasado frenó con éxito la reforma del Estado impulsada por el gobierno de Lacalle Herrera y la de Jorge Batlle que afectaba el monopolio petrolero de Ancap. Ganó también el plebiscito por el agua. Perdió en cambio una consulta para establecer un porcentaje fijo para la educación dentro del presupuesto nacional y otra para derogar la ley del marco regulatorio para le energía eléctrica. Sin embargo, gracias a que no logró derogar esa ley el primer gobierno del Frente pudo llevar adelante una firme ofensiva para fortalecer el suministro de energía eléctrica.

Tampoco alcanzó el número suficiente de firmas para derogar la reforma jubilatoria que creaba las AFAP. Dos veces fracasó en derogar la ley de caducidad y perdió una consulta para conseguir el voto consular para los uruguayos en el exterior. Esta última, así como el segundo referéndum contra la ley de Caducidad fueron promovidos por el Frente en forma simultánea con la elección de 2009. Lo paradójico es que el Frente ganó las elecciones con José Mujica, pero no todos sus votantes apoyaron las consultas que impulsó.

Hubo también consultas frustradas convocadas por opositores a los gobiernos frentistas, como la de la baja de la edad de inimputabilidad y la reforma de la seguridad ciudadana. Ambas iniciativas, sin embargo, no buscaban derogar leyes de reciente aprobación en el Parlamento. Sí, en cambio, se intentó derogar la ley que despenalizó el aborto y otra que reconocía derechos a los “trans”. Ninguna de ellas siquiera juntó las adhesiones necesarias para convocar a la consulta.

La Ley de Urgente Consideración que quiere derogar el Pit-Cnt con apoyo del Frente Amplio, fue la gran bandera desplegada durante la campaña por el Partido Nacional primero y por la coalición después. Siendo candidato y luego presidente, Luis Lacalle Pou la defendió en todos los ámbitos posibles. Aún así, fue flexible en su proceso de discusión. Sabiendo que contenía puntos que provocaban diferencias incluso entre los socios de la coalición, alentó a que un buen debate parlamentario modificara algunas partes. Los legisladores frentistas si bien no votaron la ley en general, sí apoyaron la mitad de sus artículos.

Por lo tanto la ley cuenta con sólido respaldo y refleja lo que el gobierno prometió durante la campaña electoral. Los partidos de la coalición obtuvieron los votos de ciudadanos que sabían que el primer paso a dar por sus representantes sería el de convertir ese proyecto en ley. Acá no se escamoteó na-da. En todo caso se cumplió con una promesa.

Sin embargo los sindicatos insisten en derogarla. Poco les importa que la ley cuente con respaldo. Se creen más representativos que el propio Parlamento cuando en realidad solo expresan a sus afiliados en temas laborales.

Sabiendo que presentó batalla como correspondía y donde correspondía y que perdió según las reglas de juego, el Frente Amplio no debió dar su titubeante apoyo a la iniciativa sindical.

Su actitud refleja su incapacidad de absorber un dato irrefutable como es el de haber perdido las elecciones. Envuelto en ese rencor, elude la responsabilidad de ejercer una oposición severa pero leal y opta por una resistencia y un combate permanentes.

En una democracia suele aplicarse el concepto del consentimiento. Consentimiento que no es consenso. Lo segundo es alcanzar una solución acordada entre todas las partes que quizás no sea lo que cada uno hubiera preferido, pero al menos es donde todos se encuentran. Surge de una negociación, no de una votación que hace ganar a quien tiene la mayoría.

Consentimiento en cambio, es aceptar que una de las partes ganó en forma legítima. Que el tema fue discutido en forma exhaustiva, que se negoció para mejorar algunos aspectos y luego, sometido a votación, uno gana y el que pierde consiente y acata ese resultado. No le da la razón a su adversario sino que acepta haber hecho lo razonablemente posible y al final respeta el veredicto, como corresponde.

Cuando la oposición consiente, se reserva para sí la posibilidad de modificar esa norma en el momento oportuno y cuando los vientos cambien. Pero no traba, no tranca, no transforma un debate ya saldado en una lucha infinita y paralizante.

En otras palabras, al consentir un resultado, la oposición encontrará su forma de seguir defendiendo lo suyo pero aplicando la vieja norma que los ingleses llamaron “fair play”. No parece ser ese el camino elegido en esta circunstancia.