Los problemas que se plantean a escala universal se multiplican: las pandemias, el terrorismo, el crimen organizado, el narco tráfico, la proliferación nuclear, los impactos del cambio climático, entre otros, exceden la voluntad de los Estados. Como contrapartida se asiste a una ruptura de la gobernanza multilateral. Instituciones y normas son desconocidas por los juegos de poder de las grandes potencias; sus decisiones unilaterales se comunican a través de los tuits de Presidentes que al primer impulso reaccionan ante variadas situaciones. Como resultado, la voluntad de los Imperios se sobrepone a las obligaciones asumidas por los Estados y hasta el cyberespacio da lugar a hackeos, espionajes cruzados, atentados y ejecuciones por drones no tripulados.

Este escenario sumado a conflictos domésticos ha llevado a muchos países a crear unidades especializadas en “inteligencia estratégica”. En Brasil hace ya un tiempo, existe la Secretaría de Asuntos Estratégicos ocupada por un Ministro jefe. En la Argentina, la Secretaría de Asuntos Estratégicos a nivel de la Presidencia fue creada por el nuevo gobierno. Estas Secretarías asesoran y brindan su apoyo al Presidente en asuntos vinculados con el relacionamiento internacional. Analizan y proponen acciones desde un punto de vista profesional. No trabajan solo en inteligencia de la información o a través de sesgadas actividades de espionaje. Se especializan en estudiar tendencias, hechos políticos y económicos que puedan afectar el interés y la seguridad nacional; procesan datos de toda naturaleza y los relacionan con conductas, votos y orientaciones de cada Estado. Estudian el hilo conductor de otras estrategias y procuran anticiparse en lo posible a situaciones que se plantean o se insinúan globalmente y en la región.

No funcionan como “chacras” institucionales sino como el vínculo institucional con el Presidente en el diseño y ajuste de la política del gobierno.

¿Cuantos nos preguntamos si las revueltas en varios países y en especial en Chile pudieron ser previstas? Lo cierto que muchos periodistas e intelectuales lo advirtieron en forma aislada. Pero no fue suficiente, porque el aparato institucional no estaba preparado para movilizar a las autoridades legítimas con el fin de evitar el tsunami de violencia que se produjo. La falsa soberbia que muchas veces gana a los gobernantes, los hace creer que en sus países, determinados hechos nunca sucederían. Ignoran la velocidad con que se organizan y se ejecutan, sin tener en cuenta que los precede un tiempo de incubación en el seno de la sociedad y que reciben desde afuera apoyos logísticos que suman a la sorpresa, la violencia, el saqueo y la destrucción de invaluables bienes públicos. Basta recordar que el propio dictador Maduro declaró públicamente que las revueltas en Ecuador y Chile integraban una “ estrategia” planificada con el Foro de San Pablo; y que eran solo el inicio.

Por otra parte, se agregan circunstancias que desestabilizan un Estado, como los fanatismos religiosos, los nacionalismos xenófobos y las revueltas populares organizadas por redes sociales. Para esos actores la destrucción y la violación de los Derechos Humanos están justificados, por tanto, la restauración del orden público y la represión son consideradas ilegítimas y reaccionarias; los encapuchados persiguen la impunidad como antesala de su renovada violencia. Tan así, que hasta la Justicia, como ya sucediera en nuestro país, siente la presión de los “compañeros” sosteniendo que sus crímenes no pueden ser castigados, sino aceptados y hasta aplaudidos.

Los procesos históricos tienen su propia inercia y en estos casos se preparan mediante amenazas veladas, palabras ambiguas y mensajes como el llamado a la “resistencia” al gobierno que se inicia el 10 de marzo. Nada es casualidad, menos todavía la invasión interna e internacional de la barbarie que afecta a nuestra civilización. Estos bárbaros se identifican con una condición espiritual que se contagia trasversalmente; de tal naturaleza, que hasta minimiza el salvajismo del hombre masa descripto por Ortega y Gasset.

Nadie puede ignorar que en el Uruguay los intolerantes admiradores de Maduro sufrieron una gran frustración con el resultado de las elecciones nacionales; estaban convencidos de que nuestra “tonta democracia” no podría con su modelo de concentración de poder aplicado durante quince años. A tal punto, que en los actos de vandalismo ocurridos en la Rambla de Kibon participaron grupos radicales con el fin de desafiar a las autoridades y desconocer todo lo correcto y ordenado que custodian. La pregunta surge sola : ¿si esa circunstancia no fue fortuita podrá ocurrir nuevamente?

El gobierno debe estar al tanto de todo aquello que le permita actuar externa e internamente en tiempo real. Propuestas y respuestas oportunas relacionadas con asuntos estratégicos darán fortaleza y modernidad a la institucionalidad democrática.