El agua es un recurso de un alto componente estratégico, económico y social. Nuestra Constitución dice que el agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales.

El agua es un recurso de un alto componente estratégico, económico y social. Nuestra Constitución dice que el agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales.

El agua dulce, además de presentarse escasa, es un recurso finito y frágil. Y a medida que aumenta la población crece su consumo y degrada su calidad.

Se estima que en el 2015, un tercio de la población mundial no tendrá agua potable, mientras que nuestro continente dispondrá de la mayor oferta natural hídrica en relación con el número de habitantes.

En cifras, la región tiene el 26 por ciento del agua dulce mundial y apenas el 6 por ciento de la población.

En poco tiempo el agua será un recurso escaso en el planeta. Los conflictos sobre su explotación y utilización desatarán enfrentamientos de todo tipo entre los países que sufran la carencia de agua y pretendan solucionar el problema.

En el Uruguay se ha prendido una luz de alerta sobre una política de aguas que compromete su calidad de vida y su modelo de desarrollo. Nos enfrentamos a una situación crítica y preocupante.

Las circunstancias que estamos viviendo muestran una falta de previsión tanto en políticas públicas como en visión estratégica. No existe una gestión del recurso coherente, previsible y profesional de mediano plazo que vincule los aspectos institucionales con objetivos que defiendan la salud y el interés nacional.

Frente a esta realidad, los aspectos económicos deben ser ordenados armónicamente en función de un modelo de desarrollo nacional centrado en una política de aguas concertada entre todos los actores políticos.

Los diferentes usos del agua reclaman esa coordinación, ya que se reflejan en los sectores agroindustriales, en el riego, en la explotación de las cuencas hidrográficas y los acuíferos, en la generación de energía eléctrica y, obviamente, en el transporte fluvial en relación con la competitividad que se gana con la reducción de los costos logísticos.

Nuestro país está integrado a tres sistemas hídricos internacionales, que son el Río de la Plata, Río Uruguay, y Laguna Merín, por lo que una política de aguas regional necesita de un entendimiento con nuestros vecinos que comparten esos sistemas. Tales son los casos de la energía (Salto Grande), del Transporte y la navegación (Hidrovía Puerto Cáceres- Nueva Palmira), de la pesca (Río de la Plata y su Frente Marítimo) o del agua sub-terránea para consumo (Acuífero Guaraní).

La contaminación ambiental no es solo interna o en lugares específicos como el Río Santa Lucía o la Laguna del Sauce en Maldonado; se extiende de manera peligrosa a toda la región, lo que plantea la necesidad de un Proyecto de Protección Ambiental de la Cuenca del Plata llevado a cabo por todos los países que la integran.

Esta Cuenca participa de un sistema hídrico de gran importancia que genera la necesidad de complementar esfuerzos, en particular, en el monitoreo del Acuífero Guaraní que representa la segunda reserva de agua del mundo.

Por esas razones, cuando se busca definir una política nacional de aguas debe hacerse desde una mirada regional encarada hacia la vecindad en una modalidad moderna en lo que se refiere a la economía de los servicios: el transporte, la energía, las comunicaciones, el turismo, etc.

Para el Uruguay el agua es parte de su inserción externa por lo que debe ser estratégicamente pensada desde un marco legal adecuado y a través de una estructura organizativa que elimine la natural tentación de preservar las “chacras institucionales”.

A vía de ejemplo basta con enumerar las instituciones con competencia en política de aguas.

El Poder Ejecutivo la tiene a través de dos Ministerios: el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en lo que hace a la calidad de los recursos hídricos, y el de Transporte y Obras Públicas en lo que tiene que ver con la cantidad. La Dinama y la Dirección Nacional de Hidrografía tienen a su cargo cometidos específicos. Si a ellos agregamos las Comisiones Binacionales, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, el Servicio de Oceanografía e Hidrografía de la Armada y la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) responsable de la prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable y el saneamiento en todo el territorio, excepto en Montevideo, conformamos un perfecto “spaghetti bowl”

Por otra parte, la ley N° 18.610 sobre Política Nacional de Aguas intenta cierta armonización, otorgándole preeminencia al Poder Ejecutivo y creando, como si fuera poco, un Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, así como Consejos Regionales de Recursos Hídricos que en lo que se relaciona con lo transfronterizo le da participación , además, al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Después de todo esto cuando abramos una canilla y nos salga agua marrón, o las aguas residuales rodeen nuestras casas ¿a quién le vamos a reclamar? ¿Al Gran Bonete?

En conclusión, la ideología es lo de menos (aunque algunos no lo crean así). En verdad, la ausencia de gestión y definición de estrategia se encuentra tan desparramada que conspira contra las mejores intenciones.

¿Se podrá rectificar? Esperamos que sí.