En estos días varios premios Nobel de la Paz participaron de una Jornada de reflexión sobre temas candentes en la región.

Entre ellos, Adolfo Pérez Esquivel, quien definió los juicios políticos de los expresidentes de Paraguay y de Brasil, Lugo y Rousseff como golpes de Estado, posición que si bien no es novedosa, es la muletilla que sus amigos utilizan para aplicar un doble rasero a la hora de pronunciarse sobre las diferentes situaciones que atraviesan varios países de la llamada América Latina.

Lo dicho por el referido señor es de un sesgo ideológico impropio de la condición que ostenta; no solo por su inconsistencia jurídica, sino porque omite pronunciarse sobre la situación en otros países del continente en que la violación de los derechos humanos es denunciada internacionalmente; como también lo hace sobre la ruptura institucional que esos gobiernos concretan en claro incumplimiento de las cláusulas democráticas de las organizaciones en las que participan.

En esa oportunidad, el Sr. Pérez Esquivel nada dijo sobre los cientos de muertos, presos políticos, decretos y medidas destinadas a consolidar dictaduras populistas y menos sobre la revolución cubana, un ejemplo de administración del fracaso de la utopía marxista desde el nepotismo; ¿no le duele al Sr. Pérez Esquivel y a sus acólitos el asesinato de tres periodistas ecuatorianos en manos de la guerrilla colombiana luego de firmado el acuerdo de Paz? ¿No le provoca levantar su premiada "voz pacifista" contra el desplome de esas economías, los escandalosos déficit fiscales, la inflación de varios ceros, la hambruna del pueblo venezolano, la falta de medicamentos, la corrupción y la emigración de miles de familias desesperadas?, ¿no tiene nada que decir del Sr. Ortega, violador de su hijastra menor, cabeza de un Estado que reprime a jóvenes estudiantes causando 50 muertes por ejercer el derecho humano básico de protestar?, ¿no le surgió hacer un comentario cuando su compatriota la Sra. Bonafini de las Abuelas de Mayo festejó el atentado terrorista en las Torres Gemelas de New York?, ¿puede seguir insistiendo en que todos los problemas de ese socialismo siglo XXI provienen de una conspiración organizada por el gobierno de los Estados Unidos?

Lo cierto es que nos enfrentamos a una pensada construcción de una hegemonía ideológica que parte de conceptos obsoletos como los de izquierda y derecha, cuando la verdadera confrontación que hoy se plantea es entre el autoritarismo y la libertad. Los primeros son defensores del partido único y de mecanismos que aseguren a sus gobiernos en el poder, mientras los segundos creemos en la democra- cia pluralista, en los principios republicanos y en el voto popular libremente emitido, por tanto también en los derechos humanos, mejor dicho, en los derechos de todos los seres humanos.

Lamentablemente, la hemiplejia moral que muchos sufren a la hora de defender esos derechos se acompaña del desprecio por la seguridad jurídica y de un cuestionamiento al principio de separación de poderes, en particular a la actuación de la justicia en forma independiente.

Ese modelo desde su visión integral impulsa un proceso de concentración de poder en el Estado tanto político como económico. En el caso del Uruguay, se comprueba con la presencia de empresas públicas monopólicas, un gasto público descontrolado, tarifas públicas por encima del costo, ingreso permanente de miles de funcionarios públicos, con una contrapartida de un desempleo casi del 10% y un déficit fiscal cercano al 4% y una caída de la inversión a los niveles registrados en los años críticos del 2002.

La visión autoritaria y estatal traducida en lucha de clases desde el sector sindical despierta demandas laborales y tributarias que completan el cuadro de la crisis de competitividad que atraviesa el sector productivo nacional. Eso explica la posición contraria de los autoritarios a todo acuerdo que abra mercados y fortalezca el sector empresarial, es decir a los explotadores capitalistas que se quedan con la plusvalía del trabajador.

El Tratado con Chile es un buen ejemplo. La mitad del gobierno comprende los desafíos del nuevo escenario y la otra quiere más Estado, menos competencia, mantener fuera de toda preferencia al sector de los servicios y al de la propiedad intelectual. De ahí surge la diferencia entre el Poder Ejecutivo que firmó el Tratado y los legisladores que no quieren dar su voto.

Por eso, no puede admitirse que el Frente Amplio plantee esa oposición entre buenos y malos, reaccionarios y progresistas, izquierda y derecha, abandonando intencionalmente las columnas que respaldan la credibilidad de todo gobierno republicano. Pero como la mayoría es partidaria de un gobierno autoritario, incluyendo algún Premio Nobel la eficiencia y la transparencia no son prioridad de su proyecto político.

En conclusión, todo lo expuesto es una forma de resistirse a la expresión de que "lo político está por encima de jurídico". Esto es, permitir el avance de lo hegemónico y de lo autoritario. Para los que creemos en la libertad no hay Premio Nobel de la Paz que nos enseñe a respetar el derecho y a convivir en tolerancia, en particular, a la hora de defender nuestros valores más preciados.

Los uruguayos comprometidos con la libertad siempre hemos apostado a una mano extendida y nunca a un puño cerrado. Sin perder la firmeza de nuestras convicciones y sin agravios, les decimos a estos turistas ideológicos arropados con tanta soberbia intolerante, que sus anfitriones pronto estarán fuera del gobierno por el arma infalible de la democracia liberal: el voto.