Desorden e imprevisión respecto del orden público, prohibición a la policía de hacer detenciones en averiguación, liberación de presos y el estímulo a la ocupación de la propiedad ajena por cualquiera. Inflación en dólares, suba del combustible, alza de salarios y contribuciones de seguridad social en dólares. Y lamentablemente mucho más a poco que se tome un diario del día o se escuche un noticiario: sistema proyectado de gravamen a los ingresos de los uruguayos residentes, con particular énfasis en trabajadores y jubilados con retribuciones a la vista, rentistas que cometieron y cometan la estupidez de invertir en propiedades para tener rentas de fuente nacional y giles que coloquen sus ahorros en las instituciones financieras de plaza.
Deteniéndonos en esto último, en el marco de las decisiones improvisadas y las sinrazones que dan vida a las medidas del gobierno nacional, se ha divulgado que se suprimirán las "Safis", sigla que alude a las sociedades financieras de inversión de constitución nacional. Junto a este tema, con estruendo, para que se entere todo el mundo, de forma que lo único que quede en claro —especialmente para no residentes— sea la duda, se ha anunciado una modificación al secreto bancario que rige en la república.
El tema no es uno de divulgación popular. Quienes pasamos por la Facultad de Derecho, apenas tomamos conocimiento de la existencia de esta modalidad de sociedades comerciales, creadas por la ley 11.073, de 24/VI/48. Sin embargo, en el campo internacional y especialmente en el ámbito regional, son conocidas y tienen prestigio. Dicho de una forma muy simplificada, se trata de sociedades anónimas que sólo pueden realizar operaciones fuera de fronteras —como por ejemplo, cerrar un negocio de intercambio comercial entre importadores y exportadores de Brasil y Chile— las que tienen —a su vez— un tratamiento tributario benigno. Además, permiten muchas operaciones más, siempre "off shore", siempre fuera de fronteras, y suponen la existencia de instituciones financieras creíbles ya que movilizan fondos de sus titulares.
De hecho, hubo y hay miles de sociedades de este tipo en funcionamiento y sirven para atraer gente de negocios al país, lo que suele derivar a inversiones en él; contribuyen a la actividad financiera y a la fecha dan trabajo a una significativa plantilla de profesionales y empleados especializados, en una tarea que es legal y honesta.
Desde hace prácticamente 60 años, el mal uso de estas sociedades, vinculado a algunos casos de escándalo periodístico, es ínfimo.
No son por otra parte originales. Hay soluciones de igual naturaleza en cerca de 200 lugares del mundo. Entre ellos, Oklahoma, Wyoming, Delaware, Florida, las islas Vírgenes americanas, Isla de Man, Luxemburgo, Principado de Liechtenstein, Bahamas, Islas Caimanes, Antillas Holandesas, Aruba, Principado de Mónaco, República de Malta, Liberia, Islas Seychelles, Islas Mauricio, y diversos estados de Asia y Oceanía. En definitiva: ¿por qué no pueden existir en Uruguay, asociadas a la recuperación de la respetabilidad y el impulso del sistema financiero nacional? Dice el oficialismo que porque sirven al lavado de dinero de la droga y venta de armas. Si se lo cree, aparte de desatino existe ignorancia.
Explicaciones sensatas y de beneficio para el país no hay ninguna. Lo único que queda es alguna guiñada para con el presidente argentino Kirchner que pide la cabeza en bandeja de sus compatriotas que invierten y operan en y desde el Uruguay. ¿A cambio de qué será?