Sin una perspectiva de solución, la crisis política y económica en Venezuela debería preocupar a los gobiernos de la región por la posibilidad de un desenlace violento y caótico con importantes efectos sobre los países vecinos y la región.

Sin una perspectiva de solución, la crisis política y económica en Venezuela debería preocupar a los gobiernos de la región por la posibilidad de un desenlace violento y caótico con importantes efectos sobre los países vecinos y la región.

Durante 16 años, el “socialismo bolivariano” intervino de manera creciente en la economía, expropió bienes, controló precios y cambio, la corrupción se amplió, la violencia y la criminalidad aumentaron de manera exponencial. La capacidad productiva del país está seriamente afectada, con excepción del sector petrolero, a pesar de los crecientes problemas. En la agricultura, la invasión de tierras y las expropiaciones hicieron que la producción se estancase y el país ahora tiene que importar casi 2/3 de todos los alimentos que consume. La caída del precio del petróleo -que podrá acentuarse con el acuerdo con Irán- y el creciente costo de producción, redujeron la principal fuente de recursos del gobierno. Esa situación se agravó por el abastecimiento de petróleo a precios subsidiados a los países del ALBA y de la Petrocaribe y por la reducción de las inversiones en el sector. La producción cayó significativamente y gran parte es exportada a China como parte de pago de los US$ 14,5 mil millones del préstamo de US$ 56 mil millones, concedidos en los últimos ocho años. Tales políticas combinadas con la necesidad de importar 40.000 b/d de combustible para el abastecimiento del mercado interno, a precios muy bajos, hicieron que las reservas cayesen rápidamente a US$ 15 mil millones. Esa situación se deterioró más con Maduro, después de la muerte de Chávez por la creciente escasez de alimentos, la desvalorización de la moneda, la inflación galopante (estimada en 189% en 2015) y el crecimiento negativo (cerca del 7%).

En el área política, la situación no es menos dramática. El gobierno bolivariano controla totalmente los poderes legislativo y judicial. En las últimas elecciones, el candidato de la oposición Henrique Capriles habría ganado si los alegatos de fraudes hubiesen sido investigados de manera transparente y democrática. La oposición está dividida y, de manera creciente, reprimida. Muchos de sus líderes están presos y condenados, como ocurrió ahora con Leopoldo López. La corrupción y los alegatos de narcotráfico con la participación del gobierno aumentaron, con militares y civiles acusados de participar en esas actividades ilícitas. Según el Wall Street Journal, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, estaría siendo investigado por las autoridades de Washington por sus vínculos con el tráfico de drogas. Por ese motivo, el presidente Obama impuso sanciones a un gran número de funcionarios venezolanos, prohibiéndoles la entrada a EE.UU. Las fuerzas armadas están aparentemente unidas en el apoyo al gobierno socialista y cuentan con la ayuda y entrenamiento de la fuerza de seguridad cubana. El régimen venezolano ha recurrido al apoyo de China, Rusia, Irán y Brasil para sobrevivir. Las fricciones con Guyana por el territorio contestado se agravan. La OEA y la Celac no intervienen ya que Venezuela, con el apoyo de los países sudamericanos, prefiere utilizar a Unasur para intentar reducir las tensiones políticas internas. Recientemente, por presión de Unasur hubo un avance concreto para la convocatoria para elecciones parlamentarias en diciembre, amenazadas de ser pospuestas por la baja popularidad del gobierno (abajo del 20%) y por el riesgo de que el gobierno sea derrotado. Los resultados de esa elección podrán ser la mecha de una crisis más grave.

En el ámbito del Mercosur, los gobiernos tendrán que posicionarse, en caso de que se produzca una “ruptura del orden político”, y aplicar la cláusula democrática, con la suspensión de Venezuela del Mercosur.

El problema del cierre de la frontera con Colombia, con el creciente número de refugiados expulsados de Venezuela, propone nuevos desafíos para la región. Brasil, Argentina y Uruguay intentan mediar la crisis y reunir a los presidentes de los dos países para conversar y resolver una situación que pudo haber sido creada para influir en el resultado de la elección de diciembre. Sin embargo, los entendimientos enfrentan divergencias entre los presidentes de los dos países, ya que Colombia prefiere la mediación de Uruguay, no por su condición de presidente de Unasur, sino como país individualmente considerado. Venezuela, por otro lado, evitó que el tema sea analizado por la OEA y favorece la intervención de Brasil y Argentina como miembros de Unasur.

¿Cómo mitigar las consecuencias de una situación que escapa al control de las autoridades de Caracas? La crisis que parece avecinarse, tendrá que ser enfrentada teniendo en cuenta la defensa de la democracia y de los derechos humanos sin restricciones o calificaciones.