A lo largo de la historia republicana brasileña, las relaciones entre civiles y militares nunca se resolvieron bien. El pensamiento y las actitudes de cada lado se aproximan o se distancian por intereses comunes o por cuestiones ideológicas momentáneas.

En lo que tiene que ver con la política interna, por el lado militar, aún no se resolvió la diferencia de la acción política entre los militares activos y los retirados. Por el lado civil, para quedarse en tiempos más contemporáneos, desde los políticos que intentaban captar adeptos en los cuarteles hasta hoy como los que piden la intervención de las Fuerzas Armadas y el cierre del Congreso y de la Suprema Corte de Justicia, prevalece el intento de ignorar los límites del rol de los militares en la política. Por el lado militar, no está claramente especificada la separación entre el profesionalismo de las FF.AA., como institución del Estado, sin manifestación de apoyo a partidos o grupos políticos, y la actuación política de militares que, al pasar a retiro, incorporaran valores civiles y dejan de representar a la institución. Por el lado civil, tanto el Congreso como la sociedad deberían tener mayor presencia en las discusiones sobre temas de interés de las FF.AA.

La Estrategia y la Política Nacional de Defensa, que deberán someterse al análisis del Congreso, deberían ser discutidas en profundidad y merecer la atención de la clase política, al contrario de lo que ha sucedido hasta ahora. La idea de un Centro para el estudio de las relaciones civiles y militares, de Defensa y Seguridad, sugerida por el exministro de Defensa Raul Jungmann y apoyada por el Instituto de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior (Irice), vendría a llenar un vacío, con la creación de un foro privado para el análisis y la discusión de temas vinculados a la despolitización de las Fuerzas Armadas, al fortalecimiento del control civil y al papel de los militares en el proceso decisorio del Estado brasileño.

En el actual gobierno surgió una situación diferente a lo sucedido en gobiernos anteriores desde 1985.

Superado el período de gobiernos militares, en los últimos treinta años, pueden haber surgido tensiones esporádicas, pero recientemente se han acentuado por la participación de un gran número de militares activos y de la reserva activa en cargos públicos en el gobierno federal (más de 2.900) e incentivadas por parte de sectores gubernamentales a ataques contra instituciones democráticas.

Al comienzo, se pensó que los militares en el gobierno podrían servir de protección y como un factor de moderación de las políticas extremas de fuerte naturaleza ideológica, en especial en la política externa, con graves y potenciales repercusiones para los intereses brasileños. Con el pasar del tiempo, creció la incertidumbre ante las afirmaciones de los militares ministros (las FF.AA. “no cumplen órdenes absurdas, como la toma de poder por otro Poder de la República debido a juicios políticos de la Suprema Corte de Justicia”, siempre resaltando el respeto a la Constitución) y a la percepción de que las FF.AA. estén asociadas y apoyen al gobierno. Eso resultó en el desgaste de la Institución y en el creciente rechazo a las ideas antidemocráticas.

Distintas interpretaciones sobre el papel de las Fuerzas Armadas, incentivadas tanto por sectores civiles como por militares, trajeron a la discusión pública el tema del poder moderador de los militares, de acuerdo al artículo 142 de la Constitución. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dias Toffoli, había manifestado que “las FF.AA. saben muy bien que el artículo 142 de la Constitución no les otorga el papel de poder moderador”. Todo indica que, de acuerdo a la Constitución, el voto de un ministro, al fijar las reglas y los límites de actuación de las FF.AA. deberá ser respaldado por el plenario de la Suprema Corte de Justicia. Nota firmada por el presidente de la República, el vicepresidente y el ministro de Defensa acepta esa interpretación, al recordar que “las FF.AA. están destinadas a la defensa de la patria, a garantizar los Poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de estos, a garantizar la ley y el orden”. La decisión de la Suprema Corte podrá ser la piedra angular de la nueva relación entre civiles y militares.

Militares en funciones políticas de ministros y altos funcionarios del gobierno observaron que las actitudes políticas de militares con cargos en el gobierno son de lealtad y no pueden confundirse con la postura independiente de las Fuerzas Armadas, como institución del Estado.

Corresponde al vicepresidente, militar retirado, la afirmación de que “se tiene que terminar ese tema de que las FF.AA. están metidas en la política”. Esas afirmaciones serían corroboradas por el silencio de los comandantes de las tres fuerzas militares profesionales en funciones en el Ministerio de Defensa.