Rubens Barbosa
Rubens Barbosa

Hacia un Brasil moderno

En los últimos dos años, como consecuencia de la superposición de las crisis económica, política y ética, la situación interna en Brasil no mejoró significativamente como se esperaba a comienzos del 2018.

La crisis política desembocó en el juicio político de la Presidenta y en la sustitución del gobierno anterior y del partido que tantas expectativas había creado.

La crisis en la economía colocó a Brasil en la recesión más grave de su historia.

La crisis ética reveló una corrupción sistémica en un nivel nunca antes visto, con la complicidad entre una clase política ajena a los anhelos de la población y un sector empresarial, donde las grandes empresas, acomodadas a las dádivas del Estado, se dispusieron juntos a exprimir los recursos públicos por medio de una asombrosa e impúdica acción ilícita.

La calidad del servicio público, sobre todo en salud, educación y seguridad, agravada con la crisis económica y con la mala gestión de muchos gobernantes, aumenta la frustración y la indignación de la población.

El clamor por la reconstrucción de Brasil crece, pero aún no se ve la aparición de liderazgos con sensibilidad para asumir una agenda clara y contundente que de hecho proponga pasar a Brasil en limpio. Las discusiones en Brasilia muestran el desfasaje entre los intereses corporativos y de los congresistas con la verdadera realidad de la sociedad brasileña.

La incompetencia y los privilegios, en muchos sectores, están tan arraigados que seguramente habrá una fuerte reacción ante cualquier cambio que afecte sus intereses. Los movimientos ideológicos, que se niegan a aceptar los costos de las políticas equivocadas de los últimos años, intentarán incendiar el país con el pretexto de defender a los más pobres, que hoy están pagando por el abismo en el que se encuentra el país.

Si no se hace nada, en especial en lo que refiere al desequilibrio fiscal, Brasil, en pocos años, quedará sin recursos para pagar los sueldos de los funcionarios (como ya sucede en Río de Janeiro) y las jubilaciones. Sin hablar de la imposibilidad de que el gobierno pueda realizar las inversiones necesarias para mejorar los servicios públicos, mantener los programas sociales y aún defender el territorio nacional de las nuevas amenazas que el crimen transnacional (armas y drogas) representa, como ya sucede en algunos estados.

La sociedad brasileña va a tener que enfrentar, tarde o temprano, el debate democrático para la transformación de toda una cultura: hábitos y costumbres, prácticas y políticas cuestionadas en el mundo de hoy. Estamos viendo en diversos países la reacción ante la acción política de una parte de la población frustrada y desilusionada con la clase política y por el olvido de sus anhelos y frustraciones por las elites dirigentes.

Además de la mencionada mejora de los servicios públicos, urge una amplia reforma política que corrija la proliferación de partidos, que trate de la financiación de las campañas reduciendo los intereses especiales y la corrupción.

Cambios que simplifiquen la vida de los ciudadanos, que restrinjan los intereses corporativos, incluso en el funcionalismo público, que mejoren la gestión gubernamental y las buenas prácticas éticas, que reduzcan significativamente el costo para el sector productivo de los impuestos, de la legislación laboral, de la deficiente y precaria infraestructura y de la excesiva burocracia. Y que mejoren la gestión de los programas sociales para permitir la movilidad ascendente de los menos favorecidos por medio de estímulos para que entren en el mercado de trabajo.

El ambiente de los negocios tiene que ser más estable y transparente, incluso por la reducción del proteccionismo y de las prácticas que beneficien intereses particulares. En ese sentido, tenemos que comenzar a discutir temas tabúes, como el grado de apertura de la economía para incluir a Brasil en las cadenas productivas de valor agregado y en los flujos dinámicos de comercio.

La continuidad de las reformas estructurales —iniciadas con la legislación aprobada para limitar el tope para los gastos públicos, para modernizar las relaciones de trabajo, la gobernabilidad de las empresas estatales y los cambios en la educación (enseñanza media)— es apenas el inicio de un proceso que deberá ser discutido en la elección de 2018 y que debería profundizarse en 2019.

Las elecciones presidenciales de octubre van a ser un divisor de aguas. La sociedad brasileña va a tener que optar entre un modelo estatista, que gobernará mirando hacia el pasado y un modelo reformista que administrará el país con una visión de futuro, buscando encontrar un lugar adecuado para Brasil en el mundo, como una de las diez mayores economías globales.

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