Roberto Vázquez Platero
Roberto Vázquez Platero

Decadencia de las instituciones

Un exdiputado de Tacuarembó sugirió que solo una dictadura arreglaría los problemas actuales y provocó una muy justificable catarata de críticas.

Sin embargo, la mejor manera de refutar estas ideas es garantizando que nuestra democracia funcione bien y eso no se consigue solamente votando cada cinco años y respetando la libertad de prensa. La calidad de nuestra democracia será tan buena o tan mala, como sea el funcionamiento de las instituciones en que se apoya y la confianza que la gente tenga en ellas.

El Estado es la primera y fundamental institución de la democracia. Tiene el poder y la autoridad para obligar a los ciudadanos a respetar las leyes y tiene el derecho exclusivo de recaudar impuestos y usar la fuerza si fuera necesario.

Como contraparte de este poder, tiene una gran obligación que es “GOBERNAR”, esto es, utilizar su legítima autoridad y recursos para garantizar una serie de condiciones necesarias para la convivencia, paz, orden, respeto de las leyes, y también proveer servicios esenciales de buena calidad, incluyendo los muy importantes vinculados a seguridad, educación, salud y cárceles.

Hoy en día el Estado no está en condiciones de garantizar lo que debiera y de acuerdo al Director Nacional de Policía, Mario Layera, en el futuro se verá superado por organizaciones delictivas. Adicionalmente, los servicios que presta distan mucho de ser de calidad aceptable, perjudicando a los que más los necesitan.

Una segunda institución trascendente es el conjunto de normas que reflejan nuestros valores y ponen límites a las acciones de todos, incluido el Estado, lo que llamamos el “Estado de Derecho”. Hace unos meses una encuesta señalaba que la gente no confía que quienes cometen delitos sean sancionados por el sistema judicial.

La discusión sobre las estadísticas de delitos o si su aumento es responsabilidad del nuevo Código del Proceso Penal, los fiscales o los jueces, es irrelevante. Lo que importa es que los ciudadanos cada vez confían menos en el funcionamiento del estado de derecho.

La responsabilidad democrática obliga al gobierno a que sus decisiones respondan al interés general y no al beneficio de los gobernantes u otras corporaciones cercanas a estos, siendo el combate de la corrupción una obligación de primerísima importancia.

Los controles parlamentarios no tienen las consecuencias políticas que deberían tener, lo que obliga a que los cuestionamientos se transformen en denuncias judiciales. El partido de gobierno se opone a investigar denuncias de corrupción que se han disparado a niveles insospechados, lideradas por casos vinculados a Ancap, ASSE y también el fútbol que ha sido noticia en estos días y tantos otros.

A los ojos del ciudadano común, la impunidad sigue siendo la norma.

A pesar que democracia significa “gobierno del pueblo y por el pueblo”, nunca estuvo nuestro pueblo más lejos del gobierno.

El gran trabajo que tie- ne el país por delante es revertir este proceso de decadencia institucional, para desterrar definitivamente la idea de que es preferible el orden de los regímenes autoritarios al caos de las democracias.

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