Son notorias las andanzas del Pit-Cnt y la vivienda sindical. Se trata de una idea del partido comunista impulsada años atrás.

El plan original para construir miles de viviendas, con el aporte de más de 300 cooperativas de trabajadores (llegó a nuclear cerca de 15.000 familias), en su concepción original era una operación que implicaba la acumulación de cientos de millones de dólares.

Tamaño proyecto fue autorizado por los gobiernos u201cprogresistasu201d sin controles de clase alguna. De arranque, hubo inconvenientes cuando aunaron empeños el sindicalista Marcelo Abdala (Untmra), el empresario argentino Alejandro Lagrenade (Unión Metalúrgica del Sur S.A.) notorio por sus vínculos con el empresario venezolano Guido Antonini Wilson (el u201chombre de la valijau201d), y el promotor Sergio Lidner. Los apoyos políticos fueron varios: Lucía Topolansky, la exdirectora de la Agencia Nacional de Vivienda, Graciela Muslera, y en última instancia el Gobierno nacional que no podía ignorar el pasaje ante sus ojos de semejante elefante. Las verdaderas organizaciones de cooperativas de vivienda establecidas a su vez opusieron resistencia a la realidad relatada. El primer hecho complicado tuvo que ver con que el u201ccamaradau201d Lidner formado en filas comunistas, en el sindicato de Ancap, desarrolló actividades equívocas desnaturalizando el espíritu cooperativo. Bajo su amparo actuó como un promotor de viviendas privado, llegando a perjudicar a 120 familias y por lo menos a cuatro cooperativas que no llegaron a ver una casa. El novel emprendedor pronto pasó a vivir en Punta Gorda en una buena residencia, luego en Malvín y hasta adquirió un chalet en Portezuelo en Punta del Este, realizando múltiples viajes al exterior (u201cEl Turco y La Viejau201d, Sergio Israel, semanario Búsqueda, levantado por CX 36, Radio Centenario, 11/10/2013).

En el desarrollo de las casas se solicitaron sumas muy grandes de dinero a capitalistas privados del ramo prometiéndoles sustanciosas ganancias futuras. Así, estos entregaron cheques a quienes acreditaban la representación del Pit-Cnt y mostraban documentos que probaban que la iniciativa contaba con el respaldo del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Luego, varios de los cheques adelantando dinero fueron descontados por quienes los recibieron, la plata desapareció, y todo está inmerso en procedimientos penales por estafa y en juicios civiles por reparación de los daños causados impulsados por los damnificados. Recientemente, en lo criminal se ha dictado un primer procesamiento con prisión por estafa.

El engaño principal que permitió este escándalo fue la actuación de miembros del Pit-Cnt. Esta organización no tiene personería jurídica. Los damnificados para demandar indemnización -por ello- tuvieron que citar civilmente uno por uno a todos los sindicatos con personería jurídica que lo componen. Una asociación de individuos sin personería jurídica ni patrimonio propio común para hacerse cargo de sus responsabilidades, ni autorización de personería por el Estado, jamás pudo firmar un acuerdo con el BHU. Las autoridades del BHU firmantes a su vez, jamás podían dar aval a un proyecto de construcción de una asociación legalmente inexistente como tal. Así, en el iter criminis revelado por la prensa, los aludidos ilegalmente sentaron bases que indujeron a error a quienes pusieron y perdieron dinero y promueven las actuaciones judiciales.