Los hechos mandan. Nuestra democracia está en la cúspide de los países libres con vigencia plena de los derechos fundamentales.

En el campo económico y social pese a la pandemia y la guerra en Ucrania, vamos a tener un crecimiento de la riqueza nacional (PIB) anual -de entre un 4% y 5% para el 2022- que es excepcional planetariamente y en relación con la decadente América Latina, incluida la debacle argentina (que nos pega en el comercio y el turismo despiadadamente). El desempleo que era del 11% cuando el Frente Amplio entregó el gobierno este año rondará entre el 7% y el 8%. Paralelamente la redistribución de la riqueza nacional a través de la seguridad social opera sin claudicaciones y junto con las políticas sociales redobladas han atemperado las gravosas consecuencias de la inestabilidad universal que impulsa a la inflación y el desempleo.

Son señales al navegante. No significan que vivamos en el Nirvana. Estamos mejor y los milagros no existen. No puede olvidarse que el gobierno actual fue recibido en 2020 por años precedentes de ausencia de crecimiento económico sin que hubiesen Covid, ni Ucrania, ni catástrofe kirchnerista. Con 346 asentamientos en Montevideo tras ¡30 años de Intendencia municipal y 15 años de gobierno nacional con mayoría parlamentaria!; así como con 121 asentamientos en Canelones (¿adónde estaría el “eficiente” Yamandú Orsi?); más otras 60 poblaciones irregulares en el resto del país. Al respecto, en abril de este año se ha creado un fideicomiso de 240 millones de dólares destinado a atender los asentamientos.

Nadie razonable desconoce que desde marzo 2020 la oposición política frentista que hoy está conducida por la agitación sindical y estudiantil, no paró un segundo en su prédica monocorde ante todas las propuestas del gobierno electo por el pueblo: ¡No a la LUC! ¡No a la libertad responsable! ¡No a la reforma educativa! ¡No a la reforma de la seguridad social! ¡No a lo que venga! Sin proponer a cambio algo inteligente.

En el carnaval frenteamplista del negativismo recientemente cobró forma el “caso Astesiano”. Hace a un miembro del cuerpo de seguridad que debe cuidar del Presidente de la República. Astesiano aparece implicado en hechos ilícitos y presuntos delitos cometidos a partir de por lo menos 9 años hacia atrás. Respecto de los cuales -por otra parte- desaparecieron oportunamente antecedentes administrativos que permitiesen conocerlos fehacientemente al Presidente y sus colaboradores. Ahora se sabe los guardaespaldas “progresistas” del Dr. Vázquez y Mujica, reunían -por su parte- a personas con antecedentes penales que estaban “p’al” campeonato.

Luis Alberto de Herrera, caudillo nacionalista fallecido a los 85 años (1959), vivía en una grande y antigua quinta en la calle Larrañaga, en barrio Brazo Oriental, en la que residía solo de día y de noche, y en la que las puertas nunca tuvieron llave. Entraba y salía quien quería. El escaso afecto a “capangas” y guardias armadas numerosas ha sido habitual en los líderes de los partidos fundacionales. Como lo es en el caso del presidente Lacalle Pou que anda diariamente entre la gente (¿Wilson o Jorge Batlle cuántos custodios tenían?). En el Frente Amplio, al contrario, aman las guardias “pesadas”. La novela del “caso Astesiano” trata de una traición personal, de alguien camuflado y con propensión al delito, actor de una deslealtad incalificable. No toca a lo relevante del país.