Ricardo Reilly Salaverri
Ricardo Reilly Salaverri

Todos somos todos

Uruguay tenía Universidad de la República gratuita. Por Constitución. El gobierno se ha encargado de que no sea más gratuita.

El Frente Amplio ha agravado la onerosidad del impuesto llamado Fondo de Solidaridad para quienes se titulen en la Universidad estatal. Se pagará desde los 5 años de recibido. Por 25 años. Y cesará cuando la ocurrencia de la jubilación, o hasta los 70 años de edad si se está aún cumpliendo el período de aportación. Como universitarios nunca compartimos lo del Fondo. Primero porque recibirse no es "changa". Segundo, porque promedialmente es duro mantenerse activo y sobrellevar los gastos que implica. Tercero, porque las jubilaciones han bajado. Cuarto, porque se ataca la certeza y seguridad que las normas jurídicas deben tener evitando la retroactividad. Es un cambio de reglas a la gente que se recibió en alguna profesión y a quien le dicen "usted que no pagó sus estudios, que eran gratuitos ahora, sin aviso previo, va a pagar una gabela por ser profesional, para darle becas a otra gente que se supone no tiene recursos". Y, finalmente abreviando, porque el incremento del gravamen llega en tiempos de abusiva presión fiscal. Con un Estado derrochador, lleno de acomodos y privilegios, que no sabe de dónde sacar más plata. Con contribución inmobiliaria, impuesto de puerta, patrimonio, primaria, IRPF, IASS, renta empresarial, impuestos al trabajo y la producción, tasas consulares, aduanas, IVA, combustibles, UTE, etc. ¡Por favor! ¡Basta!

Cuando se insinuó la solución frentista de ampliar la tributación original, hubo quienes advirtieron que a la larga iba a ser más barato para un compatriota pagar sus estudios en una universidad privada, a estudiar "gratis" en la pública y quedar atrapado por la garrapata insaciable del Estado uruguayo. El licenciado Daniel Corbo fue uno de quienes expusieron esta realidad (El Observador). Y si bien ahora la reforma oficialista original fue atenuada, lo básico sigue en pie. En esto hay una sentencia de la Suprema Corte que dice que no se grava la gratuidad, por no haber pago de matrícula, sino el "disfrute económico de la enseñanza acaecida". No lo compartimos. Es un eufemismo. Lo cierto es que los futuros universitarios nacen de ahora en adelante a la actividad con un impuesto que les pesará toda la vida. Si no pagan serán defraudadores sometidos a ejecución.

El ataque gubernamental a los profesionales universitarios y otras actividades ha ido "in crescendo". Varios colectivos así sienten —por ejemplo— que las leyes de inclusión financiera oficialistas, que quieren impedir el uso del dinero efectivo en los negocios, son totalitarias e implican una lesión a la privacidad de las personas y a la libertad popular en general. Sirven al control de la economía, subordinando la privacidad de los individuos en beneficio del capital financiero y la banca internacional. Eso motivó el pasado lunes una marcha ante la Torre Ejecutiva, donde se reunía el Poder Ejecutivo, organizada por la Asociación Nacional de Escribanos (el notariado ha sido directamente destruido como oficio), hecha extensiva a la Agrupación Universitaria del Uruguay, la Cámara Inmobiliaria, Ascoma, Cambadu, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, la Cámara de Comercio y la Federación Rural, entre otras gremiales.

En la situación presente el abuso llega a todos. En el Uruguay todo.

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