El gobierno ha debido armonizar ciencia y control social con la sobrevivencia de la actividad económica. Los confinamientos represivos policiales universalmente han sido avasallados.

Quienes se ven privados de ingresos protestan en asonadas y salen a parar la olla como sea. En Argentina, ejemplo cercano, se ve tal circunstancia y hay -además- una reacción popular enconada en la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia, acrecida por el cierre de colegios dispuesto ante el rebrote de la pandemia por el gobierno del presidente Alberto Fernández.

En nuestro país hay aproximadamente 300.000 empleados públicos la mayoría de los cuales viene actuando sin presencialidad, quienes cobran sus haberes puntualmente todos los meses, al igual que más de 714.000 jubilados, aproximadamente 82.000 titulares de pensiones no contributivas, 72.000 personas en seguro de paro total, 22.000 en seguro de paro parcial, y más de 77.000 personas en seguro de enfermedad, casi la mitad debido a patologías asociadas al COVID (datos MTSS). Se pagan además aproximadamente 375.000 asignaciones familiares por hijo, prenatales (embarazadas) y personas con discapacidad (datos Mides), a lo que se suma el plan de equidad en beneficio de personas no alcanzadas por el régimen general de asignaciones familiares y en condición similar a la de sus beneficiarios. En este universo, la situación más difícil ha sido la de los 400.000 compatriotas que a marzo de 2020 estaban en la informalidad laboral. A la mención anterior caben sumar los significativos beneficios acordados para pequeñas y medianas empresas tales como la exoneración de aportes patronales de industria y comercio a la seguridad social, rebajas tributarias para nuevos emprendedores, facilidades de pago de obligaciones del BPS y otras medidas similares más.

Todo lo mencionado viene a colación para subrayar el esfuerzo que el pueblo uruguayo sostén del estado nacional, el gobierno y la fuerzas políticas y gremiales responsables han sostenido y multiplicado para atenuar el impacto social de la situación, que no es gratuito. Manteniendo en las actuales circunstancias tan vigoroso como posible sea al aparato productivo de la república. Intencionalmente hay a contramano quienes levantan plataformas “reivindicativas” pidiendo más empleo y salario y el diablo a cuatro. Y, juegan a capitalizar el sufrimiento social juntando firmas contra una ley del parlamento nacional -la LUC- cuyo contenido normalmente desconocen. En la que constan medidas impostergables para la seguridad y la educación pública, entre otras muchas necesidades colectivas, recibidas en estado de postración después de 15 años de gobierno “progresista”. En el cenit de la protesta abundan desagradecidos sindicalistas estatales y rentistas de licencia gremial con empleo y paga seguros que apuntan a desestabilizar políticamente a la administración.

El gobierno nacional también ha anunciado asistencia a través del Mides para “ollas populares”. En las que conviven inquietud social cierta con politiquería encubierta. Muchas vienen desde antes de la pandemia. El Intendente de Durazno, luchador inclaudicable de la causa popular, Carmelo Vidalín, viene de decir: “Nosotros trabajamos mucho en políticas sociales. Tenemos comedores, no creemos en ollas populares… Porque son para hacer política”.

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