Ricardo Reilly Salaverri
Ricardo Reilly Salaverri

Orden público

El 9 de agosto de 2020 en Durazno dos policías pidieron a un joven -Santiago Cor, de 20 años- que habría cometido una infracción de tránsito, que detuviera su moto.

El joven se habría asustado y escapó dando manotazos y gritos y le persiguieron. En la fuga el perseguido perdió el control de la moto, se dio contra un árbol y a causa de ello luego de ser hospitalizado, falleció. Le acompañaba una persona y en otra moto viajaba su novia, quienes son testigos. Recientemente el juez interviniente -Jorge Tabares- a pedido de la fiscal Bárbara Zapatero formalizó a los agentes por dolo eventual en reiteración real con abuso inominado de funciones. Así lo registra la prensa. Obviamente la pérdida de una vida es un hecho lamentable lo que toca la sensibilidad de la ciudadanía común, lo que nos incluye.

Escribíamos esta columna cuando en los inicios del gobierno frenteamplista en 2005 el Ministro del Interior era el socialista José Díaz. Consideraba la sociedad es la victimaria de los delincuentes que son sus víctimas. De inicio la administración liberó por ello a 756 presos. Al cierre de 15 años de gobiernos “progresistas” uno de los puntos medulares que motivaron a la ciudadanía a reclamar un cambio en 2019 era la inseguridad pública. Hay tesis filosóficas, antropológicas, sicológicas, sociológicas y otras en criminología. Lo cierto es que no hay sistema político que haya extirpado definitivamente al crimen. Y, muchos que invocan un humanismo desmedido en el tema suelen simpatizar con regímenes políticos en los que a la gente se le reprime por reivindicaciones sociales elementales y reclamos de Libertad y Vida.

Particularmente en Montevideo una situación que está presente -me consta- son los ataques a mujeres con cartera en las calles. Los autores de estas rapiñas, que no miden las lesiones que ocasionan a las asaltadas, son hombres con casco en la cabeza que viajan de a dos en moto. Lo mismo pasa frecuentemente con policías asaltados en la calle en oportunidades para robarles el arma, y varios han sido heridos con alevosía y brutalidad, y hasta con resultado de muerte. De allí que la detención para control, o la solicitud de documentos se justifica y no debe causar temor ni molestia a nadie. Es un acto policial preventivo en beneficio de todos. El que se asusta porque lo detienen justificadamente levanta sospecha. Por lo demás en las circunstancias de Durazno entender que hubo “dolo eventual”, consistente en saber que perseguir a alguien puede derivar en un accidente fatal por lo cual hay que dejarlo huir, implica un exceso jurídico conceptual que tiende a paralizar la acción de la Policía.

En un hecho de otra índole que viene a cuenta la Asociación de Defensores de Oficio del área penal denunció ante la Suprema Corte de Justicia el pasado 12 de julio que hay abusos en procedimientos policiales en el uso de la fuerza. Curiosamente no especifican casos personales concretos, ni elementos probatorios, aspecto esencial para sostener la existencia de un hecho irregular.

Hay una baja estadística de delitos indiscutible. También una acción proselitista política contra el gobierno nacional -que enrarece el tema- que entre otras cosas quiere derogar las normas de seguridad pública de la Ley de Urgente Consideración. Que establece la obligación de identificarse y presentar documentos ante el requerimiento policial, lo que ha ayudado a la caída del crimen. La Ley cuida a la población.

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