A partir de 1985 al instalarse un nuevo gobierno electo por el pueblo -tras el gobierno de facto iniciado en 1973- estaba subyacente la idea de que las autoridades militares se retiraban de la administración del país, merced al compromiso asumido en el llamado Pacto del Club Naval de que no se impulsaría una revisión de determinados hechos ocurridos en tal período. En el acuerdo habían participado las Fuerzas Armadas, el Partido Colorado, encabezado por el Dr. Julio María Sanguinetti y el Frente Amplio. El Partido Nacional no estuvo presente y su líder natural Wilson Ferreira Aldunate estaba preso en un cuartel.

Las elecciones nacionales de 1984 llevaron al Dr. Sanguinetti a la presidencia del país y Wilson fue liberado. Su presencia tuvo consecuencias insoslayables. Cuando su liberación, llegó desde el cuartel de Trinidad hasta la Explanada Municipal de Montevideo, en olor de multitud. En vez de pedir revancha afirmó daría “gobernabilidad” a la administración encabezada por el Dr. Sanguinetti, porque como uruguayo quería que al gobierno le fuese bien (otra acción importante fue unir al Partido Nacional detrás de su Directorio lo que se mantiene hasta hoy).

Al instalarse el nuevo gobierno se presentaron denuncias judiciales contra militares y la sombra del desacato a eventuales citaciones cobraba firmeza. Se estaba ante un posible quiebre del orden institucional de proyección imprevisible. La posición militar de poder era entonces sólida. El Frente Amplio partícipe del Club Naval soslayaba arteramente que la apertura política había sido posible porque con su participación se había asegurado a los militares que no habría revisionismo. Gracias a Wilson de esta encrucijada se salió en 1986 con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promovida por el Partido Nacional. En lo central se estableció en ella la caducidad de la pretensión punitiva del Estado para delitos cometidos por funcionarios policiales y militares hasta el año 1985 respecto de acciones ordenadas por los mandos que actuaron en el período de facto.

Contra esta ley el Frente Amplio y fuerzas radicales afines promovieron dos plebiscitos, ignorando la validez de la decisión parlamentaria. Apuntaban a su derogación. En las dos oportunidades el pueblo mayoritariamente confirmó la ley. Contra la voluntad del parlamento y del pueblo, siendo gobierno con mayoría parlamentaria en 2011, el Frente igualmente sancionó una “ley interpretativa”, dirigida a eludir la voluntad plebiscitaria. La conclusión es obvia: para la autodenominada izquierda en el país, los pronunciamientos plebiscitarios populares son solo artimaña para la gimnasia proselitista y su resultado les importa un reverendo bledo.

Las “estratagemas o engaños artificiosos” para inducir en error a alguna persona y procurarse un provecho está en el concepto de estafa. En Occidente un valor es la verdad y la realidad. El pensamiento totalitario es lo opuesto. Lenin lo decía, en la “revolución” la verdad es lo que nos sirve. Aserto presente en los “populismos” latinoamericanos. Hoy, en pandemia, la agitación radical junta firmas para un plebiscito contra la Ley de Urgente Consideración. Que el Frente votó en muchos artículos en el Parlamento.

No porque tenga ideas mejores en seguridad pública, reforma de la seguridad social, educación, etc. Sino para dividir al país y hacer daño al gobierno. Se sabe, la voluntad popular les importa un bledo.