En los dos últimos años la deuda pública bruta del país se duplicó, siendo ahora de US$ 40.000 millones. Que proporcionada a la riqueza nacional, es un 60% del PBI (la producción de bienes y servicios nacional al cabo de un año), al tiempo que la deuda por habitante es de US$ 7.455, colocándonos estos dos últimos datos en la punta del pelotón de todos los países del continente. Los impuestos que pagamos a nivel nacional se destinan fundamentalmente a cubrir los gastos del Estado central y algunos organismos más (Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Instituto Nacional de Colonización, etc.), lo que comprende a más de 300.000 empleados públicos, así como a las amortizaciones y servicios de la deuda pública, y de las pasividades.

En 2005 al iniciarse el gobierno del Frente Amplio —primera presidencia del Dr. Tabaré Vázquez— la república venía de sobrellevar una de las crisis más despiadadas de su historia. Con el Dr. Jorge Batlle como Presidente, con sus colaboradores y las fuerzas políticas que supieron asumir la responsabilidad de la hora, se superó la epidemia de fiebre aftosa que cerró nuestras exportaciones de carne por dos años, y la fenomenal crisis financiera argentina, que barrió con cuanto quedaba a su paso.

Aspecto fundamental fue el canje de los títulos de deuda pública uruguaya a los que los tenedores —expresión de confianza— no vacilaron en cambiar por otros con vencimientos de más largo plazo, que les ofreció la administración, lo que fue una operación sin precedentes en el continente latinoamericano. Los daños sociales provocados por las causas externa fueron terribles. No obstante, el Dr. Batlle supo instalar UPM, y hacer levantar nuestro actual aeropuerto nacional de Carrasco, y el país saliendo del pozo conoció un crecimiento del PBI del 12,5%, en el último año de mandato del presidente mencionado.

El gobierno frentista que asumió en 2005 encontró la casa en orden. Se iniciaba para el país un tiempo internacional de bonanza desconocida desde los orígenes nacionales. Los ingresos por el precio de la exportación de "commodities" se acrecieron al infinito y el Uruguay conoció una bonanza sin par de la que no ha quedado nada.

Hoy, el endeudamiento crece con el déficit del Estado. Los gastos no cubiertos por la recaudación se ubican en el 4% del PBI, y se lo cubre con el acrecimiento de los préstamos citado al comienzo. La presión tributaria que padecemos —un 32% del PBI— no alcanza para pagar la fiesta progresista. También aquí estamos en la vanguardia continental (BID y CIAT). El volumen impositivo alcanza a la media de los países más ricos (OCDE) que es del 34%, con la diferencia de que en dicha realidad, la educación, la seguridad y la salud públicas —entre otros cometidos imprescindibles del Estado— funcionan.

Hoy el desempleo —quienes buscan trabajo y no lo encuentran— está en el 8% del PBI (pese a los 70.000 empleados públicos más que se designaron). A su vez los costos de UTE, Ancap, y otros, según un censo ya antiguo han fundido en el agro a más de 11.000 productores comerciales, y ha trepado al infinito la extranjerización de la tierra (Censo Opypa, 2014). Esta realidad castiga a todo el sector industrial y exportador. Agravado porque en los últimos trece años nuestra apertura internacional mediante la celebración de acuerdos arancelarios es prácticamente nula.

Merecemos una película.