El gobierno nacional -la Coalición Republicana- no ha vacilado en salir al rescate de la educación pública y la seguridad social, dañadas tras 15 años de era frentista. Se citarán antecedentes de lo último.

En 1991 ante un informe emanado de los servicios técnicos de la Udelar, el presidente Luis A. Lacalle Herrera convocó a todas las fuerzas políticas y gremiales del país. Se pronosticaba la explosión del Banco de Previsión Social. Se estableció entonces una amplia comisión -en la que actué personalmente como coordinador- integrada por dirigentes de todas las organizaciones mencionadas que funcionó en el Ministerio de Trabajo y S.S. Y, otra comisión técnica encabezada por el Dr. Rodolfo Saldain que sesionó en el BPS, de donde salió al cabo de 3 años lo principal del proyecto de ley vigente en la materia. Que se promulgó con leves modificaciones en abril de 1996, durante la segunda presidencia del Dr. Julio María Sanguinetti ¡5 años había llevado la aprobación legislativa de esta reforma! El Frente-sindical solo aportó demagogia para captar a los pasivos -al igual que ahora- usándolos como carne de cañón electoral.

La ley estableció un original sistema de pasividades mixto de reparto (solidaridad intergeneracional) administrado por el BPS con contribuciones del Estado, los empleadores y los trabajadores; complementado con otro de ahorro individual que les mantiene en depósito su cuenta personal. Sistema que actualmente encuentra un símil en la reforma sobre la materia, que el presidente socialista chileno Gabriel Boric acaba de presentar al parlamento en Chile.

La ”izquierda” no solo no aportó nada a la solución sino que durante su gobierno perforó al sistema. Hay destrozos varios. Uno es la ampliación de la cobertura a torrentes de familiares de exiliados y “presos políticos” sin aportación; otro la rebaja de los años de aporte efectivo por trabajo para jubilarse de 35 a 30 años sin restricciones con lo que especialmente facilitaron la multiplicación de pasividades otorgadas con pruebas de testigos sobre años supuestamente “trabajados” en negro. Otras decisiones son de crueldad incalificable como el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) promovido por Astori y Cía. que viene confiscando el 10% de la pasividad a la fecha a centenas de miles de los pasivos que hicieron las mayores contribuciones en vida al sistema. Y, en el inventario cabe recordar la supina ignorancia gubernamental del deterioro de la Caja Profesional teniendo durante 15 años representantes frentistas en el Directorio de la institución.

La frutilla del postre -propia de los beneficios que recibían los descendientes de la nobleza en las cortes medievales europeas- son las pensiones dispuestas por decisión de Tabaré Vázquez para “cónyuge e hijos de presos políticos de por vida”. En un país en el que a las víctimas de las execrables acciones del terrorismo -obreros mutilados, agentes policiales heridos y muertos, soldados ametrallados por la espalda- nadie ha dispuesto proveerles asistencia social alguna.

Los agitadores y profesionales de la huelga advierten nuevamente otro filón para la demagogia con rédito electoral, atacando demagógicamente al proyecto de reforma de todo el sistema de pasividades vigente, contenido en un proyecto promovido por el Poder Ejecutivo y elaborado por una comisión técnica pluripartidaria. El gobierno nacional debe saber que se avecina un duro combate de opinión pública.