Irregularidades graves vinculadas al Ministerio del Interior en la era frentista han tomado estado público a partir de una investigación periodística (Santo y Seña, días domingo, 20:45, canal 4, conducción Ignacio Álvarez).

En noviembre de 2012 Víctor Hernández un trabajador que tenía residencia en La Paloma, en Rocha se encontraba una noche en su casa cuando sintió disparos. Fue al frente de la casa a ver que ocurría y recibió un disparo de arma de fuego que le afectó la médula. Cayó al piso paralizado y consciente y con ayuda de familiares y vecinos se le trasladó finalmente a Montevideo, donde fue intervenido quirúrgicamente y atendido durante varios meses en el Hospital de Clínicas.

Enfrente de la casa de la víctima se halla una vivienda propiedad del Ministerio del Interior, destinada para vivienda, ocupada por el entonces subcomisario de La Paloma, Marcos Martínez. Esa noche había en el lugar una fiesta con nutrida asistencia, con luces y música. Cuando ocurrió lo narrado se apagaron las luces y produjo silencio. Pese a la concurrencia de una ambulancia y el movimiento que generó el episodio desde la residencia del subcomisario nadie se dio por enterado de nada. Tampoco la seccional policial del lugar que se encuentra a breve distancia de la casa de Hernández. Hay testigos que dijeron sentir disparos. Y opinión unánime respecto a que la bala provino de la casa de la fiesta.

Las irregularidades de los funcionarios públicos de la Administración Central se rigen por el procedimiento disciplinario contenido en el Dto. 500/91. Al que suman normas especiales en el caso de la Policía (arts. 18 y ss., Dto. 01/916). Procede una investigación administrativa y si hay aparentes responsables de un hecho ilícito se debe abrir un sumario a las mismas. En el campo penal corresponde se proceda a la denuncia del caso. Los afectados por la ilicitud -además-pueden demandar una reparación económica civil contra el Estado. Algo de lo citado tuvo aquí lugar. Pero con omisiones policiales enormes que perjudicaron toda la investigación.

Sorprendentemente el entonces Director General del Ministerio del Interior el hoy senador del MPP, Frente Amplio, Charles Carrera, ofreció al damnificado tras su pasaje por el Hospital de Clínicas, tratamiento para su lesión en el Hospital Policial, y le facilitó 20 tickets de alimentación mensuales, durante tres años. Instándole a no presentarse ante la Justicia. Para completar “la ayuda” en documentos públicos firmados, se hizo pasar al damnificado como funcionario policial. Cuando Hernández -el damnificado, parcialmente paralítico de por vida por el disparo- inició un reclamo civil de reparación la “asistencia” le fue retirada. Si hay responsabilidad como parece del Estado lo lógico es que se llegue a una solución reparatoria fundada que puede llegar a transarse, vista la discapacidad laboral que los hechos han causado al damnificado. Claramente “la ayuda” apuntaba a mantener acallada la situación. Este cúmulo de irregularidades -de un costo estimado en 260 mil dólares- ha llevado al actual Ministerio del Interior a presentar una nueva denuncia penal.

Para el Frente Amplio “humanitariamente” se ayudó a una persona pobre. Si el absurdo razonamiento fuese válido, el Hospital Policial sería refugio obligado de las personas de escasos recursos que padecen algún tipo lesivo de daño en episodios policiales.