Notoriamente el gobierno frentista viene obteniendo logros que nos llevan de papelón en papelón internacional. Dejando a un lado la adhesión apasionada a Maduro y el paredón castrista, vale la pena detenerse en lo que viene pasando con la Organización Internacional del Trabajo.

Se trata de un parlamento mundial del que participan anualmente delegaciones de todos los estados miembros. Su integración es tripartita y concurren a él una vez al año -en el mes de junio- representantes de los gobiernos, los sindicatos y los empresarios integrando cada delegación nacional. Sus medios de acción más relevantes son los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo.

Fue creada en el Tratado de Versalles -1919- al cierre de la Primera Guerra Mundial y su misión histórica fue la de crear circunstancias mínimas de tutela del empleado subordinado, para una competencia internacional de costos de producción equilibrada.

Los miembros de la OIT son los estados afiliados; no obstante lo cual, para la elección de los delegados de los empresarios y los trabajadores, que concurren a la Conferencia, los gobiernos deben tomar en cuenta a las organizaciones “más representativas”.

En el caso de nuestro país al haber una única central sindical -el Pit-Cnt- es esta la que designa su delegación desde la restauración democrática de 1985 a la fecha. Entre los empleadores, las gremiales de mayor antigüedad se ponen de acuerdo para designar a los integrantes de la delegación que ha de representarlos.

Si los convenios son ratificados en el fuero doméstico por el Poder Legislativo caso de nuestro país (en el que el órgano que ratifica es la Asamblea General, según lo dispone el inc. 7º del art. 85 de la Constitución), son ley nacional.

Vale la pena subrayar que la doctrina que inspirase la creación de la OIT es el tripartismo, o sea, la negociación entre las organizaciones de trabajadores y empleadores y los gobiernos, columna vertebral del diálogo social. Es ineludible decir que cuando su creación a impulsos de la principales potencias de Occidente, se afirmaba la base de una economía liberal, en contraposición de las realidades comunistas que tomaban cuerpo en Europa, con Rusia a la cabeza.

En un momento de crecimiento del intercambio del comercio internacional, el “dumping social”, las bajas exigencias del derecho del trabajador, está sentenciado. Y, también el sindicalismo abusivo que se nutre del libertinaje y que espanta emprendimientos e inversiones.

La República Oriental del Uruguay es el cuarto país en el mundo en materia de ratificación de convenios internacionales. Y, dentro del Mercosur, mientras Argentina tiene ratificados 67, Brasil 78 y Paraguay 35 convenios, nuestro país tiene ratificados 97 convenios internacionales del trabajo que son cimiento de la legalidad laboral nacional.

Hoy bajo el imperio de la arbitrariedad de un gobierno sustentado en el socialismo más aberrante bajo la batuta del ministro Murro, estamos en una lista negra. Desconocemos el derecho al trabajo de los no huelguistas y el de propiedad de los medios de producción privados.

No se concibe universalmente que una patota se considere dueña de establecimientos laborales y que los ocupe a voluntad. Caminamos hacia la prehistoria y una salida para la juventud: el aeropuerto internacional de Carrasco.