Apesar de las absurdas exigencias que la empresa le ha impuesto a nuestro país en el precontrato firmado para la construcción de la planta de celulosa UPM-2 —a cambio de na-da—, los trámites continúan.

Por primera vez se conocieron algunos detalles de la obra proyectada al solicitar la empresa el permiso de Viabilidad Ambiental de Localización, ante el Ministerio de Medio Ambiente.

Es este otro aspecto absurdo del proyecto pergeñado en secreto por las partes, porque formalmente se está solicitando una aprobación técnica (ambiental) de localización del gran complejo industrial, cuando las más altas jerarquías políticas del Poder Ejecutivo ya han anunciado que la ubicación será en la zona de Pueblo Centenario, en el departamento de Durazno.

Duele comprobar la grotesca manera en que el gobierno minimiza la relevancia indudable que tiene esa Secretaría de Estado en la planificación del desarrollo nacional hacia la sustentabilidad y la excelencia.

Aunque se trata de un asunto de enorme envergadura y trascendencia para el futuro nacional, se pretende manejarlo como si fuera un tema doméstico de menor importancia, subordinado a conveniencias político-electorales.

Es evidente que la Dirección Nacional de Medio Ambiente tiene que aprobar "sí o sí" la localización propuesta por la empresa, porque sus superiores ya lo han hecho y anunciado.

Estamos hablando de una fábrica enorme que producirá 2,1 millones de toneladas de celulosa por año (800 mil toneladas más que la de Fray Bentos). Demandará una gigantesca cantidad de agua por día: 125 mil metros cúbicos —cifra cercana a la que consume la tercera parte de la población uruguaya.

¿A cuánto le venderemos a la empresa privada ese elemento esencial? A cero peso. Será el único insumo gratis de su producción.

Pero allí no termina lo absurdo: nuestro país debe asegurarle a la empresa (?) el flujo necesario de agua del río Negro para garantizarle su normal funcionamiento, "¡aunque usted no lo crea!"; algo que desde luego el gobierno no lo hizo antes ni lo hace ahora con nuestros productores cuando arrecian las devastadoras sequías.

De concretarse las obras la cuenca del río Negro —que ya se encuentra en una situación comprometida de contaminación reconocida por el propio ministerio— verá incrementada la presión con el vertimiento diario de más de 100 metros cúbicos de efluentes tratados de la planta. Más fósforo y nitrógeno para sus aguas simplemente agravarán su delicada "salud".

El mismo ministerio que debe asegurar un buen estado ambiental de la cuenca hasta ahora no lo ha hecho. Y si autoriza el proyecto UPM-2 agravará la situación de un río que tiene mucho menos caudal que el Uruguay, donde funciona una planta de menor porte.

La dirección tomada por las negociaciones entre el gobierno uruguayo y la empresa privada es un claro retroceso en la política ambiental nacional. Los pasivos ambientales que se están aceptando con notoria irresponsabilidad responden a posturas propias de los años 50 o 60 del siglo pasado, sin cabida en el presente.