Los hechos, tristes y lamentables, protagonizados por quien fue el jefe de la seguridad presidencial tienen un aspecto positivo: demostraron la salud de nuestro sistema democrático.

Funcionarios públicos detectaron un posible delito cometido por una persona muy cercana al Presidente, lo pusieron en conocimiento de sus superiores, estos informaron a la Fiscal de turno. Se realizó una investigación independiente e imparcial que culminó con la formalización del involucrado.

La independencia en la actuación de quienes aplican la ley es una de las bases del Estado de Derecho y una muestra de fortaleza democrática. El que se haya podido investigar y llegar a la formalización en forma rápida habla muy bien de la Fiscal actuante pero también de todo el sistema que asegura la independencia de los Magistrados.

El fallo judicial, rápido y contundente, que dispuso la formalización y la transparencia informativa que tuvo el tema también muestran un camino de respeto por las normas y la separación de poderes.

La conferencia de prensa del Presidente de la República fue en el mismo camino. Se presentó inmediatamente ante la prensa, respondió y dejó clara su condena al hecho. Nada de excusas, echarle la culpa a terceros o mandar a otro a dar la cara.

Esta transparencia, independencia de poderes y actuación de la fiscalía es, entre otras cosas, la que mantiene al país entre los mejores en el Índice de Democracia Mundial. No son muchas las naciones en las que se puede denunciar e investigar a una persona que trabaja en un lugar tan cercano a un primer mandatario.

Ese elemento también explica porqué Uruguay es una democracia plena y se encuentra en la posición decimotercera en el mundo, primero en Latinoamérica y segundo en América detrás de Canadá.

La independencia de poderes y de magistrados no deben quedar en el enunciado constitucional o en declamaciones políticas sino surgir de hechos concretos como la actuación de la Dirección de Inteligencia, Fiscalía y Justicia de esta semana.

En el año 2003 acompañé al entonces Presidente Batlle a una reunión sobre energía eólica en Melo. Eran los duros tiempos de la crisis. Los gremios estatales decretaron paro durante todo el tiempo que durara nuestra estadía en la ciudad. De esa forma podían ir a protestar a la puerta del hotel en que se realizaba la reunión.

Al salir, nos rodearon quinientas personas que insultaban al Presidente a viva voz gritándole ¡Viejo hijo de …!

Recuerdo que me enojé. Nos estamos rompiendo todo para sacar adelante el país, trabajando 16 horas por día, haciendo lo correcto para no seguir el camino de Argentina y nos vienen a gritar, le dije al Presidente.

Este me respondió: es cierto, nos estamos rompiendo y haciendo lo correcto, pero ellos están pasando mal y tienen derecho a protestar. No hay que olvidarse de eso, tienen derecho a hacerlo.

Enseguida me dijo al oído, sonriendo: “lo que me duele es que me griten viejo”.

Esa fue, también, una muestra de respeto por las normas. Tenían derecho a protestar, más si era en contra nuestro. Nadie interfirió.

Algo parecido respondió Fructuoso Rivera a Juan Manuel de Rosas cuando este le pidió que impidiese las críticas a su persona en la prensa oriental. Me critican a mí, ¿cómo es que no lo pueden criticar a Usted? le respondió don Frutos con una lógica que a veces no se entiende del otro lado del río.

El episodio vivido en el 2012 en Rocha en el que una bala perdida dejó a un uruguayo paralítico es un contraste con lo sucedido ahora. Un disparo lo dejó en esa situación en momentos en que frente a su domicilio se realizaba una fiesta en la que participan funcionarios policiales. No se pudo establecer que estos fueran los responsables. No existen elementos para acusarlos. Yo no lo haré. Lo que no encontraron a los que lo hicieron.

Lo contrario, por suerte, sucedió esta semana. Se formalizó rápidamente a los responsables del ilícito.

Volviendo al tema del principio, la actuación policial, de la Fiscalía y la Justicia fue muy buena como reacción ante el acto ilegal de quien ocupaba un cargo cercano al Presidente.

Sin embargo, la represión debe estar acompañada por medidas de prevención y disuasión. La falta de estas quedaron al desnudo en el episodio. Más allá de que todos son inocentes hasta que se prueba lo contrario, ¿alcanza con no tener antecedentes penales para ejercer cargos de responsabilidad? ¿Haber sido investigado en muchas ocasiones no debió encender alarmas o por lo menos elevar los niveles de control e información?¿Hay normas que garantizan la total independencia y, sobre todo, incentivan a realizar estas investigaciones y denuncias?

Trabajar en la prevención de estas situaciones, mediante códigos de conducta, normas de actuación e información deben ser el complemento del respeto que, por suerte, existe en el Uruguay por la independencia de fiscales y jueces. Un país donde esta semana quedó claro que nadie es más que nadie. Ni siquiera los que están cerca del Presidente.