"Niega Sancho y vuelve a negar, que si no tienes razón, tendrás razones” es una máxima que se atribuye al Quijote pero que no se encuentra en él.

Se trata de afirmar o negar algo muchas veces, aún sabiendo que no sé tiene razón. De esa forma se pretende tener razones para sostenerlo.

En tiempos de redes sociales, bots, y comunicación poco profunda, esto puede cumplir esa finalidad. Si luego se lo repite, retuitea, comenta, da likes, etcétera, termina pareciendo una verdad. No importa si lo que se dice es cierto o no. Alcanza con reiterarlo para que algo quede.

Es lo que está sucediendo con los ataques que recibe el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.

Asumió su cargo en marzo de este año. Es uno de los funcionarios más destacados y experientes del Gobierno. Su idoneidad, conocimiento y dedicación son reconocidos. Fue designado en ese cargo, uno de los más importantes del Poder Ejecutivo, sin ser del Partido del Presidente de la República.

Fue Ministro de Economía y Finanzas, Director de Asesoría Macroeconómica y Senador. Cuando dejó la actividad pública se dedicó con éxito a la actividad privada como Economista y Asesor. Justamente cuando no ejercía cargo público alguno, es decir no tenía ningún tipo de impedimento legal o ético, lo contrató un estudio jurídico para que diera su opinión técnica sobre un tema de su especialidad.

La empresa en cuestión entendía que había sido perjudicada por el desprolijo accionar del gobierno del señor Mujica, y entabló una demanda contra el Estado uruguayo.

Alfie fue consultado sobre el régimen de exoneración de impuestos vigente, dio su opinión técnica y luego fue convocado como testigo sobre ella.

Repito, cuando lo hizo no era funcionario público ni ocupaba cargo alguno. Recién tiempo después fue designado Director de OPP.

Varios dirigentes de la oposición lo cuestionan por ello. En forma paciente, una y otra vez, ha aclarado lo claro: se le solicitó una opinión técnica y la dio. Fue citado como testigo y atestiguó. No era funcionario público por lo que no había impedimento legal en lo que hizo.

Pese a eso, una y otra vez, se le ataca.

Quienes lo hacen ignoran varios conceptos básicos.

En primer lugar, no tenía impedimento legal ni ético al no ocupar cargo público alguno.

En segundo, toda empresa o persona que entiende que sus derechos fueron violados tiene derecho a recurrir a un Tribunal para que así lo declare.

Tercero, todos, aun aquellos con los que discrepamos, pueden recurrir a profesionales para la defensa de sus intereses y estos prestar sus servicios.

Cuarto, su informe fue correcto y no contenía falsedad alguna. Tanto que nadie osó decir lo contrario.

Hay otros elementos que estos Torquemadas debieran considerar.

¿Olvidan quiénes fueron los promotores y defensores de la aventura de Aratirí?

El primero fue el expresidente Mujica junto con los ministros y legisladores de su Partido. Todas las semanas hablaban de las bondades del proyecto. ¡Si hasta repartieron desde Presidencia una presentación en power point preparada por Aratirí defendiéndolo!

Desde el Frente Amplio y con nuestra oposición, modificaron no una, sino cuatro veces el régimen legal que regía a Aratirí. Dos veces cambiaron el Código de Minería y luego aprobaron una ley de Minería de Gran Porte. Por último, de apuro durante un receso parlamentario, otorgaron por ley una extensión del plazo que tenían estos proyectos para cumplir con formalidades que ni así cumplieron.

¿Olvidan quién era el Gerente General de Aratirí? ¿Quién era el que en representación de dicha empresa comparecía a cada rato en la Comisión de Industria y Minería del Senado a opinar sobre las normas que el Frente Amplio aprobaba?

Era un alto funcionario del primer gobierno del Frente Amplio que terminado este fue designado Gerente General de Aratirí. Cuando el proyecto se frustró pasó a ocupar un cargo en el gobierno municipal de Montevideo del propio FA. No fue el único.

¿De él no se dice nada?

Nada le impedía, si no ejercía un cargo público, ser el Gerente General de Aratirí. Pero eso, ¿no es mucho más grave que haber dado una opinión técnica sobre el alcance de una ley?

Por último, aunque hay mucho más, pero el espacio se termina.

Dar una opinión técnica o asesorar a un privado en su relación o derecho frente al Estado cuando no se es funcionario público no tiene impedimento legal o ético alguno.

¿Pero se puede decir lo mismo de aquellos que ocupando altos cargos públicos siguieron ejerciendo su profesión e incluso demandaban al Estado?

No hay prohibición legal para ello, salvo que se haya pactado exclusividad o que en caso de tener que intervenir en un asunto de su interés se abstengan.

Ahora, ¿se olvidan los que hoy se rasgan las vestiduras con Alfie, de aquellos funcionarios de su gobierno acusados de asesorar y demandar al Estado mientras ocupaban altos cargos en él?

Parafraseando al genial Cervantes, en cita que sí está en el Quijote, “Ladran, Lito, señal que cabalgamos”.