Pedro Bordaberry
Pedro Bordaberry

Lo jurídico sobre lo político

No puede ser, no debe ser, no existe poder en Venecia que pueda pasar por encima de una ley. Esto sería un precedente del que resultarían funestas consecuencias” le dice Portia a Bassiano en el Acto 4 de “El Mercader de Venecia” de Shakespeare.

Le piden al Dux que haga un "pequeño" mal: desconocer la ley. Este se niega.

Viene al caso la cita ante el pedido de refugio político que un ciudadano argentino realizó hace unas semanas. Este, según informa la prensa, fue denunciado en Argentina por amenazas y extorsión mientras ejercía el cargo de asesor del gobierno. Se trata de un prestigioso y reconocido jurista que dejó la comodidad de su trabajo privado y aceptó ser parte del gobierno de Mauricio Macri.

Ahora es acusado de delitos políticos o delitos comunes perseguidos con fines políticos porque en el ejerci- cio de sus funciones se encontró con que quienes debían abonar dinero al Estado no lo hicieron durante años. Por ende hizo lo que haría todo buen administrador: exigir el pago de lo adeudado.

Como los titulares de las empresas deudoras también eran propietarios de medios de comunicación aducen que en realidad las acciones no eran para el cobro sino para intimidarlos y ahogarlos financieramente. Como si poseer un medio de comunicación fuera una patente de corso para no pagar al Estado las obligaciones tributarias.

Hace unos días el acusado, teniendo en cuenta que su seguridad y libertad pueden verse afectadas, pidió refugio en nuestro país. Lo hizo en el marco de la larga tradición de Uruguay en materia de Asilo Político.

Conocida la noticia, llamó la atención la información brindada por medios argentinos, citando fuentes de nuestra cancillería, de que el pedido sería negado. Llamó la atención porque dicha información surgió a las pocas horas de conocerse la petición y sin que esta hubiera sido tramitada. Hasta se citó el fundamento por el que se lo rechazaría.

El asunto es delicado y pondrá a prueba el apego a lo jurídico que prima, por suerte, en este lado del Río de la Plata.

Nuestra ley es clara al establecer la obligación del Estado de conceder la protección del refugio u otra protección humanitaria cuando existe un fundado temor a perder la libertad por motivos vinculados a la actividad política.

Para terminar de confirmar que es político alcan- za con leer las declaracio-nes del Presidente y la Vicepresidenta argentinos. La destemplada e inmediata salida a los medios de la segunda no hizo más que confirmar que se trata de un asunto de este tipo. “Siento estupor e indignación al ver que pidió asilo político en Uruguay” dijo.

Que actores de primera línea digan esto confirma que se trata de una persecución política.

Otro que habló sobre el caso, pero de este lado del río, fue el expresidente Mujica. Dijo que el pedido de refugio no le sirve a Uruguay porque nos mete un lío con Argentina.

Es interesante como dos personas que siendo presidentes se unieron en la reunión del Mercosur en San Juan para suspender a Paraguay y hacer ingresar a Venezuela, vuelven a coincidir en un concepto equivocado.

En aquella ocasión la justificación del entonces Presidente uruguayo fue la recordada frase “lo político superó a lo jurídico”. De esa forma se asoció con las entonces presidentas Cristina Kirchner y Dilma Rousseff y por fuera de la legalidad mercosuriana suspendieron a Paraguay y le cumplieron el sueño de ingreso al Mercosur a Nicolás Maduro.

Ahora vuelven a coincidir en el análisis político y no jurídico del pedido de refugio de una persona a la que se le imputa un delito de amenazas y extorsión consistente en ¡cobrar una deuda para el Estado!

Si lo analizaran jurídicamente verían que el delito de amenazas en Uruguay se pena con multa y por ende no puede ser concedida la extradición. O que el delito de extorsión requiere que la misma tenga un fin ilícito o un provecho propio. Es decir, no existe si la prestación reclamada es lícita y menos si es para el Estado y no para el sujeto. Esto último es lo que más llama la atención del caso: se imputan como ilegales acciones para cobrar una deuda que se reconoce tenían los presuntos amenazados con el Estado. No se pone en duda que se debía dinero.

Lo que pone en primera línea el problema de acceder a lo que Portia pide en el Acto 4 del Mercader de Venecia: pasar por encima de la ley.

En el drama shakesperiano se pedía con eso impedir que el malvado Shy-lock obtuviera lo que por contrato le correspondía. En San Juan, complacer a Maduro. Hoy parece ser evitar el enojo del gobierno argentino porque un ciudadano pidió amparo de la ley en Uruguay.

La respuesta debe ser la del Dux: no puede ser no debe ser, no existe poder que pueda pasar por encima de la ley. De hacerse esto resultarían funestas consecuencias.

Ello porque del lado oriental del Río Uruguay, como dice Borges en la milonga que nos dedicó “las cosas son iguales, pero un poco distintas”.

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