La designación de los nuevos integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos trae a colación el viejo refrán español “Haz lo que digo, no lo que hago”.

Él mismo tiene su origen en Mateo 23-1-12 donde se critica a los fariseos y maestros de la ley que “no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas”.

Fui testigo de los dos procesos anteriores de designación de los miembros del Consejo Directivo de la Institución. Como Senador me tocó integrar la Comisión de la Asamblea General que recibió las propuestas, entrevistó a los postulantes y elevó el informe al Plenario. Asistí a las sesiones en que se votaron las designaciones. Todo consta en las versiones taquigráficas.

En esas ocasiones legisladores y organizaciones sociales postularon candidatos. Se realizaron las entrevistas y se elevó el informe al Plenario.

La ley exige una mayoría de dos tercios para designar a los miembros. Si no se logra se realiza una segunda votación en que alcanza con mayoría simple.

Cuando llegó el momento de votar, el Frente Amplio y la oposición teníamos visiones distintas sobre los candidatos. Pregunté qué criterios se manejarían y la respuesta desde el FA fue que había nombres que sí o sí estarían. Algunos de ellos con notoria actividad político partidaria.

El FA tenía, en ambas ocasiones, mayoría de votos que hizo valer.

Con ella designó en la primera ocasión, a los cinco miembros del Consejo Directivo. Los que propusimos desde la oposición no resultaron electos. En la segunda ocasión, el FA propuso y votó a cuatro miembros y la oposición al quinto (una destacada abogada).

Nadie se quejó.

Era lo que establecía la ley. Legítimamente el FA utilizó su mayoría e impuso su criterio y candidatos.

“La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación”. La “soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum” e “indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución” (artículos 4 y 82 de la Constitución).

Son bien claros. Los ciudadanos eligen Presidente, Vice y legisladores. Estos los representan durante los cinco años de mandato ya sea desde el Poder Ejecutivo o Legislativo.

Es nuestra forma de gobierno democrático representativa. Parece algo básico y sencillo de entender.

En las últimas elecciones el FA perdió la mayoría parlamentaria. La Coalición Republicana obtuvo esa mayoría y aplica hoy el mismo procedimiento y criterio que aplicó el FA en las dos ocasiones anteriores.

Desde el FA y algunas organizaciones sociales se quejan de que se haga lo mismo que ellos hicieron.

Hacen aplicable el refrán citado más arriba pero con una distinta conjugación:

“Haz lo que digo y no lo que hice”.

Cuestionan que los Senadores de Cabildo Abierto propongan un candidato. Se trata de un abogado de notoria capacidad, experiencia y prestigio, el Dr. Bernardo Legnani.

La objeción que hacen no es al ciudadano propuesto sino a que lo propongan “Senadores de un Partido que han cuestionado convenciones internacionales de derechos humanos o defendido los hechos de la década del 70”.

La Constitución establece que la soberanía radica en la Nación, esta se expresa a través del cuerpo electoral que elige sus representantes, la ley establece que estos (los legisladores) pueden proponer candidatos pero cuando lo hacen desde el FA se arrogan la facultad de decir que no pueden hacerlo.

Entonces los que hoy defienden las dictaduras de Venezuela o Cuba o el ex régimen soviético, ¿podrían proponer?

Creo que sí, de la misma forma que cualquier otro Senador. Si obtuvieron el derecho de ser representantes nacionales en elecciones libres deben respetarse sus derechos como legisladores.

De eso se trata.

Por otro lado, algunas “organizaciones sociales” se sumaron al FA.

El de las organizaciones sociales es un concepto que en los gobiernos del FA se estimuló y que no es acorde con nuestro sistema democrático representativo.

Les dieron voz y voto en el gobierno de la Educación. Les dan opinión y voto en la Comisión de Refugiados y en otra cantidad de entidades.

Son ciudadanos que dicen representar determinados intereses o postulados. No se constituyen en partidos políticos. No se presentan a las elecciones para que los voten.

Se agrupan en ONGs, gremios y otras corporaciones y pretenden tener la misma legitimidad que los que son electos por la ciudadanía.

Ahora se quejan que participarán en la elección representantes de partidos políticos que tienen determinada afinidad política con la que no están de acuerdo.

No se dan cuenta, parece, que de eso se trata la Democracia, de aceptar que otro tenga una posición o afinidad distinta y resolverlo por el voto de los ciudadanos.

Si desean tomar decisiones de este tipo debieran presentarse a las elecciones nacionales, resultar electos y obtener así la legitimidad para votar en el Parlamento.