La divulgación del anteproyecto de ley de urgente consideración es un hecho político inédito en este país. Un presidente electo hace público un texto que será clave para su gobierno, más de un mes antes del momento en que podrá enviarlo al Parlamento.

Lo hace al mismo tiempo en que se lo presenta a sus socios de coalición, esto es, antes de la negociación que confirmará la mayoría parlamentaria. Quiere decir que todo cambio que surja del diálogo con los socios será percibido por la ciudadanía. Al mismo tiempo, la oposición tendrá mucho tiempo para estudiar el articulado y definir una estrategia.

Todo esto echa por tierra las acusaciones paranoicas que se agitaron durante la campaña electoral. Aquí no hay nada oscuro, nada escondido, ni ningún cangrejo debajo de ninguna piedra. El anteproyecto se hace público con una anticipación que ninguna norma impone ni nadie está en condiciones de exigir. Si se actúa de este modo, es solo para cumplir con un deber de transparencia autoimpuesto.

Conocido el articulado, se confirma lo que el presidente electo siempre dijo: la ley de urgente consideración no será más que la versión jurídica de las definiciones políticas que se fueron tomando desde la campaña para las elecciones internas. Lo reconoció el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, cuando definió al anteproyecto como “negativo y esperable”. El primer adjetivo define su posición crítica frente a algunos aspectos de su contenido. El segundo adjetivo admite que lo que ahora se lee es aquello de lo que se venía hablando.

Al hacerlo público antes de negociar con los socios de coalición, los resultados de las transacciones propias de la política democrática quedarán a la vista de todos. Esto es ir contra la sensibilidad predominante en muchos políticos, que tienden a esconder sus concesiones como si fueran algo malo. Pero las concesiones recíprocas son la dinámica misma de la política democrática. Como alguien ha dicho, esa política consiste en “hacer posibles los acuerdos necesarios y hacer innecesarios los acuerdos imposibles”. No hay aquí nada de lo que avergonzarse. Al contrario, se trata de la única manera de evitar el camino alternativo, que es el de la imposición por la fuerza. Al actuar de este modo, el presidente electo no sólo está siendo transparente hacia los ciudadanos: está ennobleciendo la política.

Por último, el procedimiento elegido echa por tierra una crítica que se ha escuchado. Esa crítica dice que, al haber optado por la urgente consideración, el gobierno electo deja poco tiempo para procesar un debate público sobre temas importantes. La verdad es exactamente la contraria. Los temas que figuran en el anteproyecto vienen siendo discutidos desde la campaña preparatoria de las elecciones de junio de 2019. Luis Lacalle Pou siempre dijo, del modo más explícito posible, que quería ser electo para impulsar esos cambios. Y los uruguayos lo votaron (a él y a sus socios de coalición, previamente anunciados) precisamente para que los hiciera. Tras medio año de debate electoral, ahora tendremos más de un mes de debate público hasta que asuma el nuevo gobierno. Luego se iniciará el debate parlamentario. Al cabo de ese proceso, nadie podrá sostener que hubo déficit de discusión.

Estamos viviendo un proceso nuevo y exigente en la historia política del país. Estar a la altura es un desafío de todos.