Pablo Da Silveira
Pablo Da Silveira

Universidad y política

Esta semana se reunirá el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República con el fin de tomar posición sobre el proyecto de reforma constitucional que será votado en octubre.

La propuesta de resolución, que ya fue enviada a los miembros del órgano, incluye un párrafo que dice: “Manifestar su rechazo al proyecto de reforma constitucional denominado ‘Vivir sin miedo’, ya que su aprobación implicaría graves consecuencias para la seguridad pública y los derechos humanos”.

Cada uno puede tener la opinión que quiera sobre este tema. Hay ciudadanos respetables que están a favor de la reforma y hay ciudadanos respetables que están en contra. Pero este episodio plantea una pregunta diferente: ¿por qué debería pronunciarse al respecto el principal órgano de gobierno de una universidad que es financiada por todos los uruguayos, entre cuyos docentes, estudiantes y egresados hay gente que tiene opiniones diferentes? ¿Por qué fijar una posición única sobre un tema que es político en el mejor sentido del término y que, en consecuencia, puede recibir más de una respuesta compatible con nuestro ordenamiento institucional?

El proyecto de resolución incluye lo que puede considerarse un intento de respuesta. Uno de sus considerandos recuerda que la Ley Orgánica de 1958 incluye entre los fines de la Universidad de la República el de “contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública, defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno”.

Pero esta justificación no es pertinente. En primer lugar, no estamos ante un pronunciamiento de carácter técnico. El proyecto de resolución no se basa en un informe preparado por especialistas en Derecho Penal ni en Criminología. Tampoco fue sometido a la crítica de pares ni a ningún otro procedimiento propio del debate académico riguroso. Simplemente es fruto del trabajo de una comisión del propio Consejo Directivo Central, que tuvo por tarea “contribuir a la reflexión y al posicionamiento de la Universidad de la República”. No estamos en el terreno del estudio sistemático, sino en el de la política institucional.

En segundo lugar, las apelaciones a los valores morales, la justicia y la defensa de los derechos humanos solo serían pertinentes si pudiera mostrarse que quienes impulsan esta reforma violan esos valores, atentan contra la justicia o son favorables a la violación de los derechos humanos. Estas son acusaciones extremadamente graves y difícilmente sostenibles. Los impulsores de la reforma son ciudadanos bien conocidos y no responden en lo más mínimo a una descripción semejante.

El paso que está a punto de dar el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República huele a movida política, en el marco de la bien conocida doctrina de la “acumulación de fuerzas” a la que es afecta nuestra izquierda. Es una pena que sus promotores no sean capaces de ver que por este camino erosionan la imagen de la principal universidad estatal, haciéndola aparecer como un instrumento al servicio de una agenda política que tiene como impulsor al Frente Amplio.

Muchos de los que queremos a la Universidad de la República preferiríamos no verla en ese lugar. Aunque no apoyemos el proyecto de reforma “Vivir sin miedo”.

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