El oficialismo está desesperado por aprobar la ley de creación de la Universidad de la Educación (UNED).

Lo necesita a corto plazo, para poder mostrar algún logro en el terreno de la enseñanza. Y lo necesita a mediano y largo plazo, porque la creación de esa institución es parte del intento por mantener el control gramsciano sobre la vida educativa. Solo que enfrenta dos problemas serios.

El primero es que no puede hacerlo solo, porque crear una universidad pública significa crear un ente autónomo, y la Constitución requiere en ese caso una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Quiere decir que al oficialismo no le alcanza con su mayoría propia, como sí ocurre con otras leyes.

El segundo problema es que la oposición está reacia. El proyecto de creación de una Universidad de la Educación ya fracasó en el anterior período de gobierno, por falta de votos en el Senado. Y el terco intento de presentar un proyecto casi idéntico favorece el mismo final.

Frente al bloqueo, y haciendo un falso alarde de flexibilidad, los operadores parlamentarios del Frente Amplio están proponiendo una salida: aplicar al caso de la Universidad de la Educación el mismo procedimiento que se utilizó para lograr la aprobación de la Universidad Tecnológica (UTEC).

¿En qué consiste ese procedimiento? En postergar la entrada en vigencia del régimen de cogobierno de la nueva universidad. Si bien los artículos 14 y 23 de la ley de creación de la UTEC establecen que la institución tendrá un régimen de cogobierno similar al de la Universidad de la República, el artículo 32 establece como disposición transitoria que el primer Consejo Directivo Central será designado por el Poder Ejecutivo, previa venia del Senado. Los consejeros así designados actuarán durante cuatro años. A los 36 meses de haber asumido convocarán a elecciones para elegir el primer Consejo cogobernado, y así se seguirá haciendo desde entonces.

La gran concesión negociadora del oficialismo consiste en aplicar esta misma solución a la UNED. Pero lo cierto es que no están concediendo nada, sino tratando de marear a la oposición.

En primer lugar, esta propuesta no abre ningún espacio para discutir si es una buena o una mala idea crear una nueva universidad pública cogobernada. Aunque este modelo tiende a ser abandonado en el mundo, y aunque nunca se evaluó su funcionamiento en el país, se sigue optando dogmáticamente por él. A cambio de cuatro añitos de postergación, se asegura su vigencia por un plazo indefinido.

Pero, además, esta propuesta sugiere que el único punto debatible a propósito de la Universidad de la Educación es el cogobierno, cuando apenas se trata de un aspecto. El oficialismo no quiere discutir si el modelo de universidad pedagógica es el mejor que podemos adoptar, pese a que es infrecuente y poco exitoso en el mundo. Tampoco acepta discutir cómo conseguirá convertir varias decenas de institutos de formación docente distribuidos en todo el país en una única institución coherente. Ni está dispuesto a explicar cómo va a dar nivel universitario a un conjunto de instituciones que no lo tienen.

Lo que está proponiendo el oficialismo es un engañapichanga que muestra muy poco respeto intelectual hacia la oposición. El caso de la Universidad de la Educación es mucho más problemático que el de la UTEC. Conceder el más mínimo apoyo a esta idea sería un gravísimo error.