Los sucesos de estas horas en Brasil nos recuerdan una vez más la eterna fragilidad del orden democrático. Lo que está ocurriendo no es bueno. Y, como casi siempre ocurre cuando las cosas se complican, las responsabilidades están repartidas.

Los sucesos de estas horas en Brasil nos recuerdan una vez más la eterna fragilidad del orden democrático. Lo que está ocurriendo no es bueno. Y, como casi siempre ocurre cuando las cosas se complican, las responsabilidades están repartidas.

Hay, desde luego, una enorme responsabilidad de la oposición, que está utilizando un recurso institucional extremo para librar una batalla política. El juicio parlamentario al presidente está previsto en la Constitución del Brasil y puede ser aplicado cuando el titular del Ejecutivo incurre en un “crimen de responsabilidad”. Así ocurrió en 1992 con el presidente Collor de Mello, al que se le probaron graves actos de corrupción. Pero es materia de debate que pueda decirse lo mismo de Dilma Rousseff. Una cosa es criticar la gestión de un presidente y restarle apoyo político, pero otra muy distinta es probar un delito específico. Peor todavía es votar a favor de un “impeachment” invocando a Dios, los parientes o una supuesta voluntad del pueblo.

También la presidenta Rousseff tiene responsabilidad. Puede que el debidamente probado maquillaje de resultados fiscales no sea un “crimen de responsabilidad”, pero es un acto inaceptable en términos políticos, jurídicos y morales. A eso se suma su actitud de franco encubrimiento ante las múltiples denuncias de corrupción que involucran a su partido, cuya máxima expresión fue el nombramiento como ministro del expresidente Lula. Actuando de este modo, Dilma aniquiló la confianza de millones de brasileños, no solo en ella misma y en su gobierno sino en las propias instituciones políticas. Si a eso sumamos la actitud displicente que los gobiernos del PT han tenido hacia el Congreso, es inevitable concluir que Rousseff se encargó de poner un arma cargada en manos de sus enemigos. Eso no justifica que la hayan utilizado, pero el punto es que no hubieran podido hacerlo si no la tenían. No es usual que el 72% de una cámara de diputados vote en contra del presidente en ejercicio.

También hay responsabilidad de parte de los muchos simpatizantes que todavía tiene Dilma, tanto dentro como fuera de Brasil. Hablar de golpe de Estado es insostenible y solo ayuda a agravar las cosas. El juicio político es un instituto previsto en la Constitución, y al menos hasta ahora se vienen respetando todos los procedimientos. Es falso entonces hablar de golpe de Estado. Pero, además, ese uso imprudente del término solo ayuda a erosionar la cultura cívica.

Quienes hablan de golpe olvidan que el propio PT participó del proceso de destitución de Collor de Melo y que intentó iniciar varios juicios políticos contra los presidentes Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso. En aquellas ocasiones, el propio Lula y otros dirigentes del PT decían que el impeachment era un instrumento legítimo de la voluntad popular. Ahora es golpismo. Del mismo modo, muchos de los que hoy se indignan ante lo ocurrido en Brasil justifican las barbaridades de Nicolás Maduro en Venezuela. Parecería que las instituciones se usan bien o mal según quién tome las decisiones, no según lo que se haga.

La institucionalidad democrática sólo consigue sostenerse en el tiempo cuando todos los que participan en el combate político saben que, además de adversarios, son socios en el esfuerzo de proteger un patrimonio común. Eso es lo que está en juego en Brasil y en toda América Latina.