Mucha gente conoce la receta que usaban los emperadores romanos para ganarse el apoyo del pueblo: pan y circo. Lo que se recuerda menos es que lo de “pan” no era una metáfora sino una política concreta.

Mucha gente conoce la receta que usaban los emperadores romanos para ganarse el apoyo del pueblo: pan y circo. Lo que se recuerda menos es que lo de “pan” no era una metáfora sino una política concreta.

Desde antes de la fundación del imperio, los gobernantes de Roma organizaron la distribución de trigo gratuito o muy subsidiado, que era financiado con los tributos pagados por los pueblos conquistados. Cuando Julio César llegó al poder, cerca de un tercio de la población de Roma (más de 300.000 personas) recibía trigo gratis. César redujo ese número a la mitad, pero después de su muerte las cifras volvieron a crecer. El emperador Severo repartía aceite de oliva. Aureliano cambió la cuota de trigo por una ración de pan, para que las masas se ahorraran el costo del horneado. Desde entonces no solo existieron funcionarios encargados de distribuir el trigo, sino grandes panaderías estatales.
Los emperadores como Aureliano no querían ciudadanos autónomos sino sumisos. Su política llevaba a que cada día miles de personas dependieran de la voluntad del Estado para poder comer. También debilitaba la transmisión del conjunto de técnicas que permiten convertir el trigo en pan. Esta política hizo que muchos campesinos dejaran sus tierras para convertirse en beneficiarios de la ayuda social. Los latifundios crecieron y se debilitó el comercio minorista. Aureliano contribuyó de este modo a la decadencia del imperio que él mismo había restaurado.

Estos lejanos antecedentes históricos vienen a la mente cuando uno escucha a la futura ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, hacer el elogio de las transferencias económicas sin ninguna clase de contrapartida. Según Arismendi, exigir contrapartidas equivale a culpabilizar. En su visión, ni siquiera cabe exigir la asistencia regular a un centro de estudios como condición para el cobro de las asignaciones familiares.

Las declaraciones de Arismendi contienen varios errores. Es un error conceptual decir que la tarjeta Uruguay Social “da autonomía” porque “permite comprar con libertad”. No hay verdadera autonomía si no hay capacidad genuina de generar ingresos en forma independiente. Y es un error de hecho decir que el Estado no exige nada a quienes están en una buena situación económica (“los que nacieron en cuna de oro”, dice Arismendi, como si nadie pudiera mejorar en función de su propio esfuerzo).

Pero lo más grave es que las declaraciones de Arismendi nos encierran en una falsa oposición: o somos inclusivos y solidarios, o construimos una ciudadanía que no dependa de ninguna forma de patronazgo. Esta falsa oposición va contra nuestra propia historia y nuestra propia identidad. Lo mejor que se hizo en este país (no de manera perfecta, no sin tensiones ni conflictos) fue lograr formas de inclusión y de igualdad de oportunidades que no amenazaban el ejercicio autónomo de la ciudadanía. Por eso se apostó a una educación pública de calidad, así como a fomentar la cultura del trabajo y de la responsabilidad personal.

Arismendi representa una visión que condujo a un deterioro de nuestra enseñanza y al debilitamiento de la cultura de la responsabilidad y del trabajo. Esa mentalidad no solo lleva, como llevaba la del emperador Aureliano, a generar dependencia respecto del Estado y a frenar las posibilidades de crecimiento. Además implica una ruptura con aquello que siempre nos distinguió como sociedad.