Pablo Da Silveira
Pablo Da Silveira

Un proyecto nefasto

En estos días empieza el debate parlamentario sobre el proyecto de ley que crearía la Universidad de la Educación. El oficialismo tiene gran interés en aprobarlo, porque así tendría al menos un resultado concreto que mostrar en el terreno educativo.

Pero, cuando se examina el articulado con atención, es inevitable concluir que el proyecto es inaceptable.

Lo que se propone no es crear una nueva universidad pública, sino dar ese nombre al conjunto de centros de formación docente que hoy existen, sin hacer ningún esfuerzo por reducir la inmensa distancia que los separa del mundo universitario.

¿Por qué se hace ese intento? En parte, porque el oficialismo cultiva el pensamiento mágico: parecería que, si empezamos a usar el vocabulario propio del mundo universitario, la formación docente alcanzará espontáneamente ese nivel. Desde luego, eso no va a ocurrir. Para saberlo alcanza con observar que el actual sistema de formación docente atiende a unos 25 mil estudiantes en todo el país, pero apenas tiene 7 profesores entre los 1.521 que integran el Sistema Nacional de Investigadores. Eso es un indicador de extrema debilidad académica.

Claro que no todo es ingenuidad. También hay aquí un operativo de control gramsciano. La idea es crear un monopolio que tenga en sus manos toda la formación docente nacional, porque no solo preparará de manera directa a buena parte de los futuros docentes, sino que se encargará de reconocer (con las condiciones que decida fijar) los títulos de las demás instituciones públicas o privadas que actúen en el área. Al mismo tiempo, y por ser una universidad autónoma, esa institución estará fuera del alcance de cualquier forma de control por parte de los representantes de los ciudadanos. Quien tome el control interno de la Universidad de la Educación, manejará a su antojo la formación de las futuras generaciones de docentes.

Ni universidad, ni mejora de la calidad académica. Solo endogamia y control político. Quien crea que esta interpretación es alarmista, haría bien en leer el Artículo 11 del proyecto de ley. Allí se establece que, para ser Rector de la Universidad de la Educación, "se requiere poseer título universitario o de formación en educación válido en el país, o formación equivalente, producción académica relevante y un desempeño de por lo menos diez años en instituciones públicas" vinculadas a la educación.

Esto significa que el rectorado de la Universidad de la Educación podría ser ejercido por un licenciado universitario, un maestro o un profesor de liceo titulado. También podría ser Rector alguien sin ningún título, mientras pueda exhibir "formación equivalente" (cualquiera sea el significado de esa frase), producción académica y diez años de trabajo en la educación pública.

Todo esto está muy lejos de las prácticas habituales en el ámbito académico, que exigen como mínimo títulos universitarios de posgrado, y normalmente de doctorado, a quienes aspiren a un puesto de Rector. La descripción está muy cerca, en cambio, del perfil de algunas personas que vienen impulsando desde hace años la creación de la Universidad de la Educación.

No hay nada en este proyecto que permita afirmar que se está creando una universidad. Aprobarlo tal como está nos hundiría en una gran mentira colectiva y dejaría al conjunto de la formación docente en manos de un monopolio sin control ciudadano.

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