Parecería que la vulgarización de la política es una de las prioridades de este gobierno. Hace pocos días, el ministro de Defensa utilizó un lenguaje de barra brava para referirse a la figura de Sarmiento. Ahora es el presidente Mujica quien utiliza los mismos términos para insultar a las autoridades de la FIFA.

Parecería que la vulgarización de la política es una de las prioridades de este gobierno. Hace pocos días, el ministro de Defensa utilizó un lenguaje de barra brava para referirse a la figura de Sarmiento. Ahora es el presidente Mujica quien utiliza los mismos términos para insultar a las autoridades de la FIFA.

La repetición de estos hechos promueve la aparición de interpretólogos dispuestos a justificarlo todo. Algunos señalan que tanto Sarmiento como las autoridades de FIFA merecen ese tratamiento rudo. Otros lanzan acusaciones de hipocresía, diciendo que casi todos usamos esas palabras en nuestra vida personal.

Pero esas justificaciones eluden el punto principal. La cuestión no es si Sarmiento o las autoridades de FIFA son buenos candidatos para ganar un concurso de simpatía. Al menos a ojos orientales, está claro que no. La cuestión tampoco es si usamos o no ciertas palabras en nuestra vida privada, porque hay muchas cosas que hacemos en privado pero no hacemos en público. La pregunta es si esta clase de comportamiento es aceptable en personas que ocupan cargos públicos de la más alta jerarquía. Y hay al menos dos razones para responder por la negativa.
La primera de esas razones no sólo involucra a quienes ocupan cargos sino a todos quienes tienen un lugar de alta visibilidad política o social: les guste o no, quienes ocupan posiciones de relevancia en el debate público ejercen una forma de docencia a gran escala. No sólo las cosas que dicen, sino también la manera en que hablan, pasan a funcionar como puntos de referencia acerca de cómo debe procesarse el debate en la sociedad.

Si el conjunto de los ciudadanos (y en especial los miembros de las nuevas generaciones) ven que sus principales referentes practican el insulto, la demagogia o la descalificación sistemática, tarde o temprano asumirán que esa es la manera “normal” de hacer política o de intervenir en el debate público. Por ese camino todos terminarán hundidos en una cultura de discusión (y, consecuentemente, en una cultura democrática) de pésima calidad.

Esto implica que quien contribuye a rebajar la calidad del debate rebajando la calidad de sus propias intervenciones está haciéndole un daño de largo plazo a la sociedad, aun cuando obtenga beneficios a corto plazo. Si el insulto más vulgar puede usarse contra Sarmiento o contra Blatter, ¿por qué no puede usarse contra mi rival electoral? ¡Si hasta lo hace el presidente de la República!

La segunda de las razones involucra específicamente a quienes ocupan los principales cargos de ese orden institucional que llamamos “República”. Esto incluye al presidente y vicepresidente, a los legisladores, a los ministros, subsecretarios y directores, a los jueces y fiscales, a los mandos militares, a las autoridades departamentales y varios más.

Ninguna de las personas que ocupan esos cargos son sus propietarios definitivos, sino sus ocupantes transitorios. Su primer deber es hacer uso de ellos y, por así decirlo, devolverlos en buenas condiciones. Por eso existe el deber de respeto hacia el cargo que se ejerce. Si yo degrado el cargo que ocupo, si le quito dignidad, estoy erosionando la porción de tejido institucional que de manera más directa me tocó cuidar.

Claro que este último argumento sólo es válido para quienes creen en las instituciones. Quien no cree en ellas no va a entenderlo nunca.