La decisión de no incluir representantes de la oposición en los directorios de ASSE, ANEP y el BPS puede ser objeto de distintas valoraciones políticas, pero está dentro de los cauces constitucionales. Mucho más objetable, en cambio, es el argumento que se ofreció para justificarla.

La decisión de no incluir representantes de la oposición en los directorios de ASSE, ANEP y el BPS puede ser objeto de distintas valoraciones políticas, pero está dentro de los cauces constitucionales. Mucho más objetable, en cambio, es el argumento que se ofreció para justificarla.

Según ese argumento, la presencia de representantes de la oposición no es necesaria en esos órganos porque allí hay representantes sociales que se encargarán de controlar al gobierno.

Esa justificación es ante todo un acto de hipocresía política. En este país todos sabemos que los cargos de representación social son controlados por los sindicatos, y que los sindicatos tienen una fuerte alianza estratégica con el Frente Amplio. Quien tenga dudas, puede dedicarse a buscar nombres de sindicalistas en las listas presentadas por la coalición en las últimas selecciones, o puede recordar que el Pit-Cnt convocó a un paro nacional por las dudas, ante la sola posibilidad de que otro partido llegara al gobierno. En los primeros capítulos de cualquier manual de diseño institucional o de políticas públicas se enseña que nadie puede ser efectivamente controlado por su aliado estratégico, excepto en aquellos puntos que tocan los intereses de ese mismo aliado.

Pero hay todavía algo mucho más grave, que no refiere al diseño institucional ni a las políticas públicas sino al modo mismo de concebir la representación en una democracia. Los directorios de organismos como ASSE, ANEP o el BPS toman decisiones que afectan los intereses de muchos grupos diferentes. Las decisiones de ASSE no solo afectan a sus propios funcionarios, sino a los pacientes (que no constituyen un grupo homogéneo), a los profesionales, a los proveedores y a quienes la financian con sus impuestos. Las decisiones del Codicen no solo afectan a los docentes, a los funcionarios no docentes y a los alumnos, sino también a las familias, a los futuros empleadores y a la totalidad de los ciudadanos (dado que la calidad de la democracia dependerá, entre otras cosas, de la formación que reciban los miembros de las nuevas generaciones). Las decisiones que tomen las autoridades del BPS no solo van a afectar a los actuales empleados, empleadores y jubilados, sino también a los desempleados y a los miembros de las generaciones futuras.

Suponer que los representantes sociales van a velar por los intereses de todos esos grupos es una ficción, no porque esos representantes tengan mala voluntad sino porque hay serios conflictos de interés. El interés de los funcionarios de ASSE en mejorar sus salarios está en tensión con el interés de los afiliados en disponer de mejores instalaciones o de más medicamentos. El interés de muchos docentes de ANEP (al menos, aquellos que están en los grados más altos) en tener una total libertad para elegir dónde van a trabajar y cuánto tiempo, va en contra del interés de los alumnos en contar con comunidades educativas estables y personalizadas. El interés de los actuales empleados por acceder a jubilaciones mejores y más tempranas está en tensión con los intereses de los aportantes futuros.

Los representantes sociales no nos representan a todos. Mediar entre los intereses complejos y frecuentemente enfrentados que existen en la sociedad es la tarea de los políticos. Quien ignora este dato, está erosionando las bases mismas de la democracia representativa.