Pablo Da Silveira
Pablo Da Silveira

Política y academia

En estos días asistimos a un intento lanzado desde el Partido Socialista para bloquear el uso de una ley de urgente consideración al inicio de un eventual gobierno del Partido Nacional.

La operación consistió en divulgar las afirmaciones de un supuesto jurista que explicaba que el uso de esa ley sería inconstitucional. La cátedra, hablando con conocimiento, desinterés y objetividad, estaría diciendo que ese camino político es inviable.

La verdad es que quien hablaba no era un jurista con amplias credenciales académicas, sino un militante del Partido Socialista con título de abogado. Sus argumentos eran penosos desde el punto de vista técnico. Varios especialistas de prestigio salieron a explicar que la lectura que estaba haciendo del artículo 168 de la Constitución era impresentable. A eso podría sumarse un argumento histórico: al menos desde tiempos de Gestido, las leyes de urgente consideración han sido usadas en este país al inicio de un gobierno. ¿Todos estuvieron equivocados?

La intentona del Partido Socialista encierra buenas noticias para la oposición. En primer lugar, revela que ven como probable un triunfo del Partido Nacional, de modo que empiezan a ensayar acciones de respuesta. En segundo lugar, el intento de apelar a una presunta (e insostenible) inconstitucionalidad indica un apartamiento del principio mujiquista que dice que lo político está por encima de lo jurídico. Lástima que, una vez más, nuestra izquierda muestre una fidelidad intermitente hacia el orden institucional: lo acepta cuando la favorece y lo ignora (y en el pasado lo ha atacado) cuando entorpece el logro de sus objetivos políticos.

Pero el punto central de este episodio está en otra parte. Hace ya décadas que nuestra izquierda incorporó a su caja de herramientas políticas el recurrir a la cátedra para reforzar sus puntos de vista. En los últimos días lo ha hecho dos veces: el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República se pronunció en contra de la reforma “Vivir sin miedo”, y desde el Partido Socialista se lanzó esta acusación de inconstitucionalidad.

Hace muchos años, esta apelación a “los que saben” tenía un fuerte impacto sobre los sectores ilustrados de la sociedad. El mundo académico estaba envuelto en un aura de respetabilidad y los dirigentes políticos se sentían interpelados por sus pronunciamientos. Pero las cosas han cambiado desde entonces. Una perspectiva ya larga muestra un sesgo político muy fuerte en los pronunciamientos académicos, una tendencia a la pérdida del nivel de las argumentaciones y una manipulación de instituciones que han pasado a ser consideradas como bastiones ideológicos y políticos. El pronunciamiento del Consejo Directivo Central contra la reforma “Vivir sin miedo” es un resumen de todos esos vicios, por parte de una Universidad de la República que es financiada por todos los uruguayos y entre cuyos estudiantes, docentes y egresados existe una amplia diversidad de opiniones razonables sobre el tema.

Los pronunciamientos desde ámbitos académicos tienen hoy mucho menos impacto político que el que podían tener, digamos, en los años sesenta del siglo pasado. Eso es una mala noticia para la izquierda. Pero lo peor es el daño que le han hecho a la reputación del mundo académico, que hoy es visto por muchos uruguayos como un instrumento al servicio de una causa política.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)