El jueves pasado, los uruguayos asistimos a un espectáculo insó-lito: docentes sindicalizados del Liceo 18 ocuparon el instituto para impedir que se aplicaran las pruebas PISA.

Aunque la cúpula de Fenapes intentó poner distancia, hubo anuncios de que la medida podría extenderse: "El rechazo a las pruebas PISA forma parte de las resoluciones de los congresos de Fenapes. Antes lo expresábamos por medio de volantes y acciones de difusión, pero ahora entendimos que debíamos dar un paso más".

Las razones que condujeron a la ocupación fueron presentadas en un documento que incluye pasajes muy extravagantes. Por ejemplo, se dice que "PISA se ha convertido en una herramienta para justificar reformas reaccionarias y denunciar a la administración pública como una maquinaria fallida, impulsando la privatización". O bien se afirma que "las pruebas PISA permiten al gran capital controlar a distancia lo que ocurre en los sistemas educativos nacionales".

Cabe recordar que las pruebas PISA son un instrumento aplicado en más de 70 países, que goza de amplio prestigio en el ámbito académico y es usado como insumo por quienes toman decisiones a escala nacional e internacional. Ciertamente no son perfectas, porque ningún instrumento de este tipo lo es, pero disfrutan de un nivel de reconocimiento excepcionalmente alto entre los especialistas.

Si los docentes del Liceo 18 tienen razón, el mundo ente- ro está equivocado o ha sido víctima de una conspiración planetaria.

Pero esta es una discusión fatigosa en la que no vale la pena entrar, porque antes hay una pregunta mucho más trascendente: ¿qué clase de derecho creen tener algunos docentes sindicalizados para bloquear una decisión que involucra al país entero?

La decisión de participar en las pruebas PISA corresponde al Codicen. La primera vez que se resolvió hacerlo fue durante el gobierno del presidente Jorge Batlle, y desde entonces se confirmó cada tres años. El Codicen es un órgano de cinco miembros, la mayoría de los cuales son designados a propuesta del Poder Ejecutivo, previa venia del Senado. Quiere decir que la legitimidad de su integración depende en última instancia del voto de todos los ciudadanos en las elecciones nacionales.

Los docentes sindicalizados tienen derecho a criticar públicamente las pruebas PISA y a quejarse (como de hecho lo hacen) si las autoridades deciden no recoger sus opiniones y sugerencias. Pero no tienen ningún derecho a decidir como si fueran jerarcas públicos. Ese no es el papel de los sindicatos en ninguna sociedad democrática.

Si lo ocurrido en el Liceo 18 se generalizara, los sindicatos de la salud podrían sentirse autorizados a impedir campañas de vacunación decididas por el MSP, y AEBU podría sentirse con autoridad para decidir que no haya más cheques en Uruguay. Y sería irrelevante que tuvieran buenas razones para hacerlo. Lo único que importa es que en ese caso la democracia colapsaría, porque la voluntad ciudadana estaría siendo sustituida por la de algunas corporaciones.

Los docentes sindicalizados del Liceo 18 están muy confundidos. No solo pretenden dictar a los uruguayos las decisiones que deben tomar en materia educativa, sino que quieren imponerlas por la vía de los hechos. Por cierto, esta confusión ha sido alimentada por los gobiernos del Frente Amplio, que llevan muchos años emitiendo señales equívocas al respecto.