Quince años de ejercicio continuo del gobierno tuvieron muchas consecuencias para el Frente Amplio. Los cambios son tan grandes que se vuelven difíciles de describir.

Pero alcanza con observar algunos episodios (por ejemplo, el caso Sendic) para percibir que este no es el mismo Frente Amplio de 1984, ni mucho menos el de 1971.

Inventariar el conjunto de transformaciones es una tarea complicada, pero hay al menos una que es fácil de ver: en el correr de estos 15 años, al Frente Amplio se le quemaron buena parte de sus papeles. Muchas ideas que dirigentes y militantes consideraban obviamente verdaderas, resultaron ser falsas cuando se las intentó aplicar desde el gobierno.

Una de ellas es la idea de que al delito se lo combate con políticas sociales y no con represión. Esta noción fue defendida del modo más explícito por el primer ministro del Interior del Frente Amplio (el socialista José Díaz), y se mantuvo como un axioma durante años. Hoy, el ministro Bonomi admite que fue un error. Más allá de la importancia que sin duda tienen las políticas sociales, una adecuada política de disuasión y represión es parte de lo que el Estado debe hacer para proteger los derechos de los ciudadanos.

Una segunda idea ampliamente aceptada por los frenteamplistas de hace 15 años era que, si volcamos mucha plata en la educación y dejamos las decisiones en manos de quienes conocen la enseñanza por dentro, vamos a tener grandes logros. Pero esta idea está en crisis. Las dos condiciones que reclamaba se cumplieron, pero los resultados son desalentadores.

Una tercera idea que orientó las decisiones proponía manejar las relaciones exteriores en función de las afinidades ideológicas entre los gobiernos. Lo que importa no es tener un cuerpo diplomático profesionalizado ni orientar la política exterior en función de los intereses de largo plazo del país, sino arrimarse a gobiernos que tengan el mismo sesgo ideológico para impulsar una "diplomacia de asados" con alto perfil político. Las consecuencias que ha tenido este enfoque han sido ruinosas.

Una cuarta idea, que es la versión doméstica de la anterior, consiste en quitar importancia a las normas y procedimientos, al mismo tiempo que entregamos grandes cuotas de poder a nuestros amigos políticos. Así hemos llegado al Uruguay del Pato Celeste, del diputado Placeres y otros casos semejantes. La trenza de intereses económicos y ausencia de controles en la que derivó esta política nos ha recordado el valor de los procedimientos.

Lo que le ha pasado el Frente Amplio es usual en la vida política: el ejercicio del gobierno barre con muchas simplificaciones y permite entender mejor muchas de las prácticas institucionales que hemos heredado.

Pero al mismo tiempo es cierto que sobre el oficialismo pesa una gran responsabilidad. Muchas de las cosas que el Frente Amplio acaba de descubrir formaban parte de nuestras mejores tradiciones republicanas. La demora en descubrirlas nos hizo perder un tiempo precioso y perjudicó a muchos uruguayos.

Encerrado en su soberbia y en la displicencia que generó la mayoría parlamentaria propia, el Frente Amplio ha revelado ser una fuerza política que aprende poco y muy despacio. Por eso le ha hecho pagar al país unos costos de aprendizaje que no sólo han sido altísimos, sino frecuentemente innecesarios.