El país asistió la semana pasada a un curioso culebrón sobre la publicación del próximo informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed).

El miércoles 5, este diario informó que el presidente del Codicen, profesor Wilson Netto, había planteado a las autoridades del Ineed la conveniencia de postergar la publicación del informe sobre el estado de nuestra enseñanza, dado que, en un contexto de campaña electoral, el documento “podía ser utilizado en contra de la educación y tergiversar la realidad”. Según la nota de prensa, la propuesta había sido realizada en una reunión entre los directivos del Ineed y las autoridades de ANEP.

La noticia fue rápidamente difundida por otros medios y llegó a las redes sociales. Pero, de manera igualmente rápida, empezó el juego de los desmentidos y las confirmaciones. El profesor Netto salió enseguida a negar que hubiera ejercido alguna presión para modificar la fecha de divulgación del informe. Esta versión fue respaldada desde el Codicen. Sin embargo, uno de los integrantes de la comisión directiva del Ineed, el profesor Pablo Cayota, difundió el jueves 6 un Twitter que decía: “Como Codicen emitió comunicado sobre esa reunión me libero de la reserva sobre la misma. Yo mismo tuve que fundamentar que el informe se publicaba en julio por mandato legal y porque contribuía a la calidad del debate sobre educación. Fue en respuesta a planteo de Netto”.

El viernes se conoció un comunicado del directorio de Ineed donde se negaba que hubieran existido presiones o propuestas de postergación por parte del Codicen. Consultado el profesor Cayota sobre esa declaración del órgano que integra, se limitó a decir: “ni confirmo ni desmiento”.

En medio de esas idas y venidas, algunas voces sostuvieron que todo el asunto carecía de importancia, ya que el Ineed está obligado por ley a publicar su informe cada dos años. Y este punto es correcto. El artículo 116 de la Ley General de Educación establece que “el Instituto Nacional de Evaluación Educativa cada dos años realizará un informe sobre el estado de la educación en el Uruguay que tenga en cuenta entre otros aspectos los resultados de las pruebas de evaluación nacionales o internacionales en las que el país participe, el acceso, la cobertura y la permanencia en cada nivel educativo, los resultados del aprendizaje, la relevancia y la pertinencia de las propuestas y contenidos educativos y la evolución y características del gasto educativo. El mismo será publicado, será enviado al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a los distintos organismos de la enseñanza, dándole la máxima difusión”.

Dado que el anterior informe del Ineed fue publicado en 2017, está claro que la ley lo obliga a publicar un nuevo informe este año. Parecería entonces que toda la discusión es bizantina y que, aun si el profesor Netto hubiera intentando una postergación, el Ineed no tendría margen para hacerlo.

Hay, sin embargo, un pequeño detalle. En este país tendemos a interpretar las fórmulas del tipo “cada dos años” con cierta laxitud: si el informe anterior se publicó en 2017 y el siguiente se publica en 2019, estamos dentro de los plazos aunque hayan pasado más de 24 meses. De modo que puede existir la tentación de postergar la publicación del informe, digamos, para los primeros días de diciembre. Es bueno estar atentos para que esa tentación no se concrete.