Cuando el presidente electo Tabaré Vázquez anunció los nombres de quienes estarán al frente del Ministerio de Educación y Cultura, pareció que había una voluntad real de “cambiarle el ADN” a la enseñanza, tal como se había prometido en campaña. La combinación entre una figura con personalidad fuerte y amplia experiencia en el manejo de gremios “difíciles” (María Julia Muñoz, que se fogueó lidiando con Adeom) y un especialista en educación al que tampoco le falta carácter (el sociólogo Fernando Filgueira) fue un movimiento original que alentaba expectativas.
Pero el éxito de la jugada dependía de un elemento crucial, que era la adecuada construcción del puente con ANEP.

Cuando el presidente electo Tabaré Vázquez anunció los nombres de quienes estarán al frente del Ministerio de Educación y Cultura, pareció que había una voluntad real de “cambiarle el ADN” a la enseñanza, tal como se había prometido en campaña. La combinación entre una figura con personalidad fuerte y amplia experiencia en el manejo de gremios “difíciles” (María Julia Muñoz, que se fogueó lidiando con Adeom) y un especialista en educación al que tampoco le falta carácter (el sociólogo Fernando Filgueira) fue un movimiento original que alentaba expectativas.
Pero el éxito de la jugada dependía de un elemento crucial, que era la adecuada construcción del puente con ANEP.

Como es sabido, en este país el Ministerio de Educación tiene poca incidencia sobre la enseñanza. Se trata de un diseño institucional que no sólo es raro sino también pernicioso, porque deja a la vida educativa demasiado lejos del alcance de quienes representan a los ciudadanos y demasiado cerca de quienes representan intereses corporativos.

Felizmente, hoy está extendida la idea de que esta situación debe ser modificada. Durante la última campaña electoral, representantes de los cuatro partidos principales (incluyendo, desde luego, al Frente Amplio) dejaron atrás miedos y tabúes para hablar de la cuestión.

El problema es que, dadas las restricciones constitucionales existentes, sólo es posible avanzar por este camino si existe mucha sintonía entre quienes ocupan los principales cargos del MEC y quienes ocupan los principales cargos de ANEP. El Ministerio tiene legitimidad para definir las grandes orientaciones y metas de la política educativa, pero el grueso de las decisiones cotidianas sigue en manos de ANEP. Si las autoridades del ente deciden ignorar las orientaciones definidas por el MEC (cosa que pueden hacer sin correr mayores riesgos) la voluntad de quienes representan a la ciudadanía quedará neutralizada.

Es por eso que, si bien el anuncio de los nombres de Muñoz y Filgueira abría margen para la esperanza, todavía hacía falta conocer a quienes estarían al frente de ANEP. Eso ocurrió en los últimos días del año 2014. Y la noticia fue un balde de agua fría.

En lugar de mantener la promesa electoral de “cambiar el ADN” de la educación, Vázquez hizo la más clásica de las jugadas políticas: apostó a un plácido continuismo como manera de aplacar a sus aliados internos.
La lista que se hizo pública incluye a muchas de las figuras que fueron incapaces de cambiar algo en los últimos diez años: Wilson Netto (que primero estuvo al frente de UTU y luego del Codicen), Héctor Florit (quien, pese a todas sus credenciales, quedará en la historia como el director de Primaria que convalidó el pase social), Celsa Puente (que se sumó a la lista de quienes no consiguieron modificar el régimen de asignación de horas de Secundaria). Especialmente mala es la noticia de que la formación docente (un área clave que está hundida en una profunda crisis) quedará en manos del hasta hoy Director de Educación Luis Garibaldi, responsable directo de las peores políticas impulsadas en la última década, incluida la funesta Ley de Educación.

En estas condiciones, Muñoz y Filgueira no tendrán la vida fácil. El problema no serán los sindicatos sino la interna política. Y todos corremos el riesgo de que la década perdida se convierta en quince años de parálisis educativa.