Pablo Da Silveira
Pablo Da Silveira

INEEd y ANEP

El último informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) es el más breve de los tres que han sido publicados hasta ahora.

Pero ya es el más famoso, principalmente gracias al presidente del Codicen, el profesor Wilson Netto, que intentó torpemente postergar su difusión por miedo a su efecto sobre las elecciones.

Sobre el contenido de ese informe se están diciendo y todavía se dirán muchas cosas. Y ciertamente, hay tela para cortar. Pero hay un punto relativo al proceso de publicación que no ha recibido la atención que merece.

El informe fue dado a conocer al público en la mañana del jueves primero de agosto. Curiosamente, esa misma tarde empezó a circular un documento elaborado por la Dirección Sectorial de Planificación Educativa del Codicen, en el que se analiza y se juzga muy críticamente lo que acababa de publicarse.

¿Cómo pudo reaccionar tan rápido esa dependencia técnica de ANEP? La explicación está al inicio del propio texto, donde se señala que la tarea le fue encomendada por el Codicen en una resolución aprobada el 24 de julio pasado (Acta 42, Res. Nro. 1, Exp. 2019-25- 1-003606). Quiere decir que, una semana antes de haber sido publicado, el informe del INEEd ya estaba en manos del Codicen. Este hecho fue reconocido por uno de los directivos del INEEd, el profesor Pablo Cayota, quien dijo que el informe había sido entregado previamente a las autoridades de ANEP por razones de “lealtad institucional”.

Esta revelación es extremadamente grave, y más grave todavía es que haya pasado casi inadvertida. Uno de los principios básicos del diseño institucional contemporáneo es que los evaluadores deben actuar con total independencia respecto del evaluado. La razón es muy simple, y es que entre ambos existe un evidente conflicto de intereses. Está en el interés del evaluador que se reconozca que hace bien su trabajo, para lo que debe poder señalar las debilidades del evaluado en el caso de que existan. Y está en el interés del evaluado que sus eventuales debilidades pasen inadvertidas, porque su divulgación va a afectar negativamente el juicio que se haga de su gestión.

Cuando el evaluador no tiene suficiente independencia respecto del evaluado, aparece lo que se llama “el riesgo de captura del evaluador por parte del evaluado”. Ese es un riesgo que ciertamente existe en el caso del INEEd, porque su diseño institucional es muy ma-lo: de los seis miembros que integran su Comisión Directiva, la mitad son propuestos por los evaluados (dos por ANEP y uno por la educación privada).

Pese a este mal diseño, la institución se las ha arreglado para emitir mensajes relativamente críticos sobre el estado de nuestra enseñanza (no todo lo críticos que hubieran podido ser, pero lo suficiente como para incomodar a las autoridades). Pero si al mal diseño agregamos que entregan sus informes a los jerarcas de ANEP para que los revisen antes de que los conozcan los ciudadanos, el riesgo de captura se vuelve muy alto.

Lo importante no es si ese riesgo se concreta o no en una situación dada. Lo importante es que el diseño institucional debe ocuparse de minimizarlo de manera sistemática. Eso es justamente lo que no viene pasando. A los gobiernos del Frente Amplio les gusta fingir una modernidad que no tienen. Usan un lenguaje actualizado, pero prefieren los comisarios políticos a los evaluadores realmente independientes.

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