El gobierno corporativo es un mal programa para cualquier sociedad que aspire a practicar la democracia y la justicia social: no asegura la representación de todos los intereses (sino los de los grupos más fuertes), pone a las instituciones de todos al servicio de algunos y no puede reflejar la complejidad existente en cualquier sociedad contemporánea. Esto explica porqué los defensores del gobierno corporativo son figuras que se van hundiendo en el pasado, como Mussolini, Franco y Primo de Rivera. El mundo democrático opta por la representación política: ciudadanos representando a ciudadanos.

El gobierno corporativo es un mal programa para cualquier sociedad que aspire a practicar la democracia y la justicia social: no asegura la representación de todos los intereses (sino los de los grupos más fuertes), pone a las instituciones de todos al servicio de algunos y no puede reflejar la complejidad existente en cualquier sociedad contemporánea. Esto explica porqué los defensores del gobierno corporativo son figuras que se van hundiendo en el pasado, como Mussolini, Franco y Primo de Rivera. El mundo democrático opta por la representación política: ciudadanos representando a ciudadanos.

Esto mismo ocurre en Uruguay: hace mucho tiempo que aquí no se escuchan voces que propongan sustituir la representación política por la corporativa. Tal vez el último que lo hizo fue Juan María Bordaberry en un memorándum del año 1976 dirigido a los mandos militares. Pero lo que sí hay en Uruguay son defensores de fórmulas mixtas: según esta visión, puede que el gobierno corporativo sea malo como solución global, pero es un buen complemento de la representación política. Siendo el corporativismo una idea habitualmente impulsada por la derecha más antidemocrática, es curioso que, entre nosotros, esta propuesta sea sostenida por la izquierda.

¿Es bueno complementar la representación política con mecanismos de representación corporativa? La respuesta es claramente negativa. Se trata de una muy mala idea, porque atenta contra uno de los principios básicos del orden democrático que es la igualdad política.

La idea de que todos somos iguales a la hora de ejercer ciudadanía está en el corazón de nuestra tradición institucional. Su aplicación más visible es la igualdad de voto. En una sociedad democrática, el voto del pobre vale lo mismo que el del rico y el del plebeyo vale lo mismo que el del aristócrata. Los esfuerzos por poner en práctica esta idea empezaron en la antigua Grecia y duran hasta hoy. La abolición del voto censitario, el sufragio femenino y la eliminación de numerosas barreras de discriminación racial y cultural son etapas de ese proceso.

Pero este ideal se pierde de vista cuando mezclamos la representación política con la corporativa. Veamos como ejemplo lo que pasa en ANEP. ¿Cómo se eligen los cinco consejeros que integran el Codicen? Tras la entrada en vigencia de la Ley de Educación aprobada durante el gobierno de Tabaré Vázquez, tres de ellos son propuestos por el Poder Ejecutivo y necesitan venia del Senado. Los otros dos son electos por los docentes.

El titular del Poder Ejecutivo y los senadores que deben dar su venia son elegidos por unos dos millones de uruguayos. Como es lógico y legítimo, entre ellos están los docentes. Pero en la elección de los dos "consejeros gremiales" solo participan los aproximadamente 30 mil docentes habilitados para hacerlo. Quiere decir que, mientras los ciudadanos de a pie votamos una sola vez (para elegir a quienes designarán a tres de los cinco miembros del Codicen), los docentes votan dos veces: la primera para hacer lo mismo que los demás ciudadanos, y la segunda para elegir a los otros dos consejeros.

Hemos creado una elite de unas 30 mil personas que tiene más peso político que el resto. Esto va directamente en contra del principio de igualdad política. Se trata de un resultado inevitable de la introducción parcial de la representación corporativa.