Pablo Da Silveira
Pablo Da Silveira

El último examen

El país celebra sus octavas elecciones consecutivas desde 1984. Todos los presidentes que fueron electos desde entonces terminaron normalmente sus períodos (algo que no ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina, ni en Brasil, ni en Paraguay, ni en Bolivia).

Tres partidos diferentes han ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo. El Parlamento ha funcionado normalmente durante todo este lapso. El Poder Judicial ha podido actuar con independencia, como lo mostró la Suprema Corte al declarar inconstitucionales leyes aprobadas por diferentes oficialismos (algo imposible de encontrar, por ejemplo, en la Venezuela chavista y madurista).

Hoy vivimos el más prolongado período de estabilidad institucional que ha conocido el país en toda su historia. Han pasado algo más de 34 años y medio desde que Julio María Sanguinetti asumiera su primera presidencia, en marzo de 1985. Esto representa unos cuatro años más que la marca precedente: los treinta años, tres meses y 27 días de normalidad institucional que transcurrieron entre el primero de marzo de 1943 (cuando Juan José de Amézaga asumió como presidente constitucional, tras el gobierno de facto de Alfredo Baldomir) y el 27 de junio de 1973 (cuando Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento sin llamar a nuevas elecciones, aunque las instituciones venían gravemente heridas desde febrero).

Todo esto podría llevar a pensar que la democracia uruguaya ha entrado en una etapa de plena madurez. Sin embargo, hay un aprendizaje que todavía está pendiente: todos los partidos grandes han pasado por la experiencia de gobernar, pero no todos han pasado por la experiencia de tener que dejar el gobierno. Al Frente Amplio todavía le falta vivir ese momento.

Tener que entregar el mando de las instituciones es una circunstancia dura para cualquier partido político. Especialmente lo es para quien no ha pasado previamente por la experiencia, o lo ha hecho hace demasiado tiempo. Cuando el Partido Colorado perdió las elecciones de 1958, tras 93 años de ejercer en forma ininterrumpida la titularidad del Poder Ejecutivo, algunos temieron que las instituciones no fueran capaces de soportarlo. Sin embargo, el cambio de mando se realizó sin mayores problemas, en buena medida gracias a las firmes convicciones democráticas del presidente saliente: Luis Batlle Berres. La consecuencia fue que la democracia salió fortalecida y que tanto vencedores como vencidos hicieron aprendizajes cívicos.

Entregar el poder no solo significa verse privado de las “mieles” que tanto endulzan a algunos. En términos de cultura política, significa algo más profundo: implica asumir que uno no es el único preparado para gobernar, ni el único en condiciones de merecerlo, y que un cambio de este tipo no es una circunstancia traumática para el país sino, justamente, una parte esencial del normal funcionamiento de la democracia.

Por primera vez en su historia, el Frente Amplio se enfrenta seriamente a esta posibilidad. Y, como tal vez fuera previsible, no está completamente preparado para aceptarla. Así lo muestra el uso partidista de la web de Presidencia de la República y el intento de patotear a un juez que puso freno al exceso.

Cuando el Frente Amplio y el país entero hayan hecho este aprendizaje todavía pendiente, nuestra democracia habrá aprobado el último examen para entrar en su plena madurez.

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