Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno en 2005, todos los integrantes del Codicen eran designados por el Poder Ejecutivo, previa venia de la Cámara de Senadores (el Codicen es el directorio de ese inmenso ente autónomo que llamamos Anep).

Tres de los directores debían tener un mínimo de diez años de actividad en la enseñanza pública. Los otros dos no debían cumplir esa condición.

En diciembre de 2008, el Frente Amplio se dio su propia Ley General de Educación. A diferencia de lo que había ocurrido con las anteriores leyes educativas (para las que tradicionalmente se buscaron amplios apoyos políticos), esta norma solo fue votada por los legisladores del Frente Amplio. Ningún parlamentario de otro partido la acompañó.

La Ley General de Educación introdujo dos cambios importantes. En primer lugar, dos de los cinco miembros del Codicen pasaron a ser elegidos por los docentes. Para los otros tres se mantuvo el régimen anterior (designación por parte del Poder Ejecutivo, tras recibir la venia del Senado). En segundo lugar, la exigencia de haber actuado un mínimo de diez años en la enseñanza pública se extendió a los cinco directores.

Estos cambios, introducidos durante el primer gobierno del presidente Vázquez, fueron en la línea de aumentar la endogamia del sistema educativo y debilitar los controles que pueda ejercer la sociedad. Hasta el momento en que se aprobó aquella ley, dos de los miembros del Codicen podían llegar desde fuera de la enseñanza pública, incorporando visiones y experiencias que podían provenir de otros ámbitos de actividad y de otros lugares del mundo. Hoy, eso es imposible. José Pedro Varela no hubiera podido integrar el Codicen si esta ley hubiera existido en su época.

Complementariamente, la norma aprobada por el FA exige que dos de los cinco miembros sean docentes de actividad, es decir, gente "de adentro", inmersa en esa cultura institucional propia de la "galaxia ANEP", que hace que todo sea tan lento, tan ríspido y tan refractario al cambio.

Estas modificaciones ocurrieron en el primer gobierno del presidente Vázquez. Ahora, en su segundo gobierno, el Poder Ejecutivo acaba de enviar un proyecto de ley de creación de una Universidad de la Educación que termina de echar el candado en un área clave, como es la formación docente.

Según establece el proyecto, la Universidad de la Educación no solo ejercerá el monopolio de la formación de maestros y profesores en el sector público, sino que tendrá potestades para reconocer y revalidar los títulos (y otros reconocimientos intermedios) emitidos por "otras instituciones terciarias y universitarias, nacionales o extranjeras (…) en el área de su competencia". Quiere decir que la UNED estará en condiciones de controlar, presionar y eventualmente bloquear a cualquiera que intente hacer las cosas de manera diferente. Esto es peor de lo que hay ahora, que ya es malo.

Nuestra enseñanza necesita urgentemente abrir ventanas, dejar entrar aire fresco, interactuar con el mundo exterior. Pero los gobiernos del Frente Amplio la empujan en la dirección opuesta: la quieren cada vez más opaca, más dominada por las lógicas corporativas, más refractaria al control ciudadano. El presidente Tabaré Vázquez tiene una responsabilidad personal y directa en esta involución, que va a contramano de lo que hacen las sociedades democráticas contemporáneas.