Pablo Da Silveira
Pablo Da Silveira

Educación policíaca

Casi al final del año 2014, los miembros del Codicen aprobaron un protocolo que reúne un conjunto de medidas orientadas a combatir ese drama llamado deserción, desafiliación o abandono estudiantil. La decisión dice mucho sobre lo que podemos esperar en el futuro. No debemos olvidar que, según ha sido anunciado, el Codicen seguirá siendo presidido por la misma persona que lo presidía cuando se aprobó ese documento.

Casi al final del año 2014, los miembros del Codicen aprobaron un protocolo que reúne un conjunto de medidas orientadas a combatir ese drama llamado deserción, desafiliación o abandono estudiantil. La decisión dice mucho sobre lo que podemos esperar en el futuro. No debemos olvidar que, según ha sido anunciado, el Codicen seguirá siendo presidido por la misma persona que lo presidía cuando se aprobó ese documento.

¿Qué se propone hacer el Codicen para intentar frenar la atroz pérdida de alumnos que se registra principalmente en la enseñanza media? El conjunto de iniciativas incluye la realización de campañas publicitarias que hablen del derecho a la educación, la coordinación con la Dirección de Identificación Civil para recibir información sobre los nacimientos que se registran (de modo de detectar tempranamente a quienes no inician la educación preescolar obligatoria), la puesta a punto de un sistema informático que permita seguir la trayectoria de cada alumno (de modo de detectar a quienes abandonan) y la intervención de la policía y de la justicia penal para forzar a los padres que dejan de mandar a sus hijos a los institutos de enseñanza.

Dicho en breve, hemos lanzado al Gran Hermano a combatir la deserción: primero averiguamos todo sobre la vida de los ciudadanos y luego les echamos encima a los jueces penales y a la policía. Esto ya es suficientemente preocupante, pero más preocupante es la mentalidad con la que han sido pensadas estas soluciones.

En primer lugar, las autoridades asumen que, si hay mucho abandono estudiantil, quienes están fallando son las familias. Por eso hay que controlarlas y reprimirlas. Jamás se preguntan si la falla no estará en la propuesta educativa, o en el clima de funcionamiento de los centros de estudio, creado por las reglas que las propias autoridades convalidan.
No hay nada que corregir adentro. Sólo hay que controlar y reprimir afuera del sistema.

Esta actitud se mantiene pese a que hay evidencia que la desafía. Las mismas familias que se mantienen indiferentes cuando sus hijos dejan de asistir a un liceo público, hacen todo lo que está a su alcance para que esos mismos hijos ingresen a alguno de los liceos privados de acceso gratuito (como el Jubilar, Impulso o Providencia) y luego se mantienen vigilantes para que no malgasten la oportunidad que tuvieron. Quiere decir que la actitud de los padres depende de la calidad de la propuesta educativa. No es verdad que no valoren la educación. Lo que no valoran es la mala educación, como hacemos todos. Pero el Codicen, en lugar de asumir que su propia propuesta puede tener problemas de calidad o pertinencia, prefiere acusar de irracionales o negligentes a decenas de miles de uruguayos.

En segundo lugar, todo el documento es un ejemplo del uso tendencioso que se está haciendo del discurso de los derechos. A ojos de quienes lo redactaron, una familia que no asegura la asistencia de sus hijos a un centro educativo está atentando contra sus derechos. Pero lo cierto es no existe un derecho a estar sentado en un salón de clase. Lo que puede justificarse es un derecho a recibir una educación que facilite el desarrollo personal, la integración social, el ejercicio de ciudadanía y la independencia económica. Y ese derecho le está siendo negado a miles de jóvenes por las autoridades educativas, no por las familias. 

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