El experimento de introducir una “cuota” reservada a mujeres en la elección de cargos legislativos no ha tenido todo el impacto esperado.

El experimento de introducir una “cuota” reservada a mujeres en la elección de cargos legislativos no ha tenido todo el impacto esperado.

Pero eso no es algo curioso, sino previsible. Si alguien figura en varias listas a una misma cámara, es obvio que no podrá ocupar todas las bancas por las que compite. Si alguien figura en una lista al Senado y en otra a Diputados, es probable que tenga que elegir. Si alguien figura en una lista legislativa y luego ocupa un cargo ejecutivo, el impacto de la cuota va a diluirse salvo que el suplente también sea mujer.

La sorpresa con la que algunos han reaccionado no es entonces muy creíble. Especialmente no lo es si el escándalo funciona en dirección a tiendas ajenas pero no en las propias. Y menos creíble resulta todavía si se recuerda que hace años, cuando el tema empezó a discutirse, quienes promovían esta reforma electoral fueron advertidos de que generaría justamente este resultado.

¿Significa esto que debemos resignarnos? Ciertamente no. La igualdad de la mujer es una causa que merece todo el apoyo, y el aumento de la participación femenina en la política es un capítulo importante de ese combate. Lo que hay que hacer es seguir buscando el mismo fin, pero refinando los medios. Y para eso hay que empezar por reconocer un punto importante: si en muchos países hay partidos que resisten o solo aceptan a disgusto los sistemas de cuotas, es porque esas medidas atentan contra su libertad de armar las listas como buenamente quieran. Eso es malo para la libertad de los partidos y también es malo para la libertad de los votantes.

¿Hay alguna manera de eludir este costo al mismo tiempo que se promueve la participación política de la mujer? Al menos en Uruguay, sí la hay. Eso resulta de una particularidad que podemos aprovechar: nuestro sistema electoral combina la representación proporcional integral con el pago de dinero público por cada voto recibido. En estas condiciones es fácil saber cuántos votos de cada partido llevaron a una mujer al Parlamento y, una vez que se tiene ese dato, es fácil pagar por cada voto que condujo a una mujer más de lo que se paga por los votos que hayan llevado a hombres.

Si actuáramos de este modo, crearíamos un fuerte incentivo para que los partidos incluyan mujeres en sus listas, al mismo tiempo que respetaríamos su libertad de no hacerlo (con la única condición de aceptar la pérdida económica que corresponda). Con este sistema también podríamos desalentar el cumplimiento puramente formal de las exigencias legales. Para eso alcanzaría con pagar el premio básico por voto en el período inmediatamente posterior a las elecciones, y reservar el pago del plus correspondiente a las mujeres para dos o tres años más tarde, poniendo como condición que la candidata esté ocupando el cargo.

Esta solución ayudaría a evitar los principales problemas que tiene la actual ley de cuotas, pero tiene el inconveniente de chocar contra un prejuicio nacional: los uruguayos tendemos a creer que hay algo malo en servirse del dinero para resolver cuestiones de principios. Esta es una idea equivocada pero muy arraigada en nuestra sensibilidad. Por eso es probable que esta idea no se aplique nunca. La pereza mental y moral nos gana, y ya se escuchan voces que proponen dar carácter definitivo al sistema probado en las últimas elecciones, como si todo hubiera andado fenómeno.