Pablo Da Silveira
Pablo Da Silveira

Congreso de Educación

La Ley de Educación aprobada durante el primer gobierno del presidente Vázquez obliga a cada administración a convocar a un Congreso Nacional de Educación durante el primer año de su gestión. Esta exigencia, sin antecedentes en la vida de la República, fue uno de los varios mecanismos a los que apeló el primer gobierno frentista para entregar la política educativa al control de los intereses corporativos.

La Ley de Educación aprobada durante el primer gobierno del presidente Vázquez obliga a cada administración a convocar a un Congreso Nacional de Educación durante el primer año de su gestión. Esta exigencia, sin antecedentes en la vida de la República, fue uno de los varios mecanismos a los que apeló el primer gobierno frentista para entregar la política educativa al control de los intereses corporativos.

Casi una década después, las condiciones en las que se aprobó aquella norma han cambiado. El deterioro de la situación económica y el despilfarro acumulado durante tantos años obligaron a un ajuste que deja con menos recursos a la enseñanza. Los desastrosos resultados de la política educativa se han vuelto inocultables y nadie quiere aparecer como el gran responsable. En consecuencia, las relaciones entre el gobierno y los sindicatos de la enseñanza se han deteriorado. La vieja alianza estratégica sigue en pie, pero las tensiones acumuladas empiezan a pesar demasiado.

En este contexto, la ministra Muñoz anunció hace un par de semanas que el Congreso Nacional de Educación será postergado. Unos días después, la subsecretaria de esa cartera, Edith Moraes, hizo unas declaraciones públicas que, de haber sido hechas por un gobernante de otro partido, hubieran conducido a una rebelión sindical: “Me parece importantísimo aclarar qué es lo que dice la ley sobre el Congreso (…). La ley lo crea en el artículo 44 y en el 45 dice: ‘Será convocado por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública como mínimo en el primer año de cada período de gobierno’. La ley dice ‘convocado’, no realizado”.

La interpretación propuesta por la subsecretaria Moraes se parece mucho a una tomadura de pelo. Si aplicáramos su criterio, el gobierno ni siquie- ra tendría que organizar el Congreso. Le alcanzaría con convocarlo durante el primer año y anular la convocatoria más tarde. La lectura ultraliteral que propone Moraes permitiría justificar semejante maniobra.

La verdad simple y cruda es que el oficialismo le tiene miedo al Congreso Nacional de Educación. En las condiciones actuales, no quiere enfrentarse a un gran despliegue de poder sindical que podría dejarlo mal parado. Y lo único que se le ocurre es violar la Ley que él mismo impulsó.

Si tuviera más imaginación, podría intentar otros caminos más respetuosos del orden legal. La Ley de Educación obliga a organizar un Congreso con “una integración plural y amplia que refleje las distintas perspectivas de la ciudadanía”, pero no obliga a darle el formato leninista que se ha utilizado hasta ahora. La organización de una gran asamblea de representantes de asambleas es simplemente el esquema que se eligió en estos años, entre otras cosas porque es el que más favorece a las dirigencias sindicales. Pero en el mundo de hoy existen muchos formatos de discusión que, en lugar de facilitar el control político por parte de aparatos militantes, favorecen la creatividad, el fortalecimiento de nuevas propuestas o el encuentro entre grupos y personas que impulsan iniciativas similares.

Sería bueno que, en lugar de dedicarse a intentar violar la ley que él mismo creó, el oficialismo se dedicara a pensar caminos alternativos que, sin ignorar el espíritu de la norma, favorezcan la innovación y ayuden a recuperar el control ciudadano sobre la política educativa.

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