Ya bien entrado el siglo XXI, los uruguayos seguimos creyendo que alcanza con votar una ley para que pasen cosas en el mundo.

Pero nos equivocamos. Una ley puede ser parte de la respuesta a un problema, pero el problema seguirá intacto a menos que agreguemos mucha gestión, es decir, a menos que seamos capaces de intervenir sobre los hechos y modificarlos.

Un ejemplo es la extensión de la educación obligatoria. Hasta el año 2008, en este país era obligatorio asistir a un centro de enseñanza hasta terminar el cuarto año de la educación media. La Ley de Educación del Frente Amplio extendió esa obligación hasta el sexto año, es decir, hasta terminar bachillerato. Pero los gobiernos frentistas no hicieron nada por volver real ese cambio. El límite se corrió en los papeles y se dijeron palabras bonitas, pero nada más. El resultado es que, al día de hoy, solamente 4 de cada 10 jóvenes uruguayos consiguen terminar la educación media. La cifra es la misma que hace treinta años. Simplemente, la aguja no se movió.

El oficialismo está repitiendo este error (si es que es un error, y no algo peor) con el proyecto de creación de una Universidad de la Educación. El formato institucional elegido es muy malo. En el mundo existen modelos mucho más exitosos que las universidades pedagógicas. Pero, suponiendo que elegimos ignorar ese dato y persistir en la iniciativa, ¿qué deberíamos hacer para lograrlo?

Lo primero sería evaluar adecuadamente el tamaño del desafío. Crear una Universidad de la Educación a partir de nuestros centros de formación docente implica convertir una red de más de 30 centros educativos dispersos y bastante diferentes entre sí en una única institución. Semejante tarea requiere instalar, entre otras cosas, orientaciones de trabajo y mínimos de calidad que sean comunes a todas las sedes.

A esto se suma el desafío de convertir en universidad a un conjunto de centros que hasta ahora no han tenido ese carácter. Y la distancia es enorme. Si uno estudia la relación entre la cantidad de estudiantes y la cantidad de profesores admitidos en el Sistema Nacional de Investigadores, enseguida descubre que los centros de formación docente están muy lejos de las instituciones universitarias activas en el país.

¿Es posible dar este inmenso salto? Es posible, pero la manera responsable de hacerlo consistiría en diseñar un programa de mejora institucional y de fortalecimiento académico a dos o tres años, y luego ejecutarlo en condiciones de transparencia que permitan auditar los avances. Sólo entonces sería pertinente solicitar al Parlamento que reconozca la nueva realidad y proceda a crear una tercera universidad pública.

Ese sería el procedimiento responsable y alineado con las mejores prácticas. Pero el oficialismo decidió recorrer el camino inverso: aprobar una ley que convierta en universidad a los centros de formación docente, sin aportar más que algunas vagas promesas sobre lo que hará más tarde para intentar ajustar la realidad a lo que digan los papeles.

En el Uruguay del Frente Amplio (un país caracterizado por el peso de las lógicas corporativas, la falta de coraje político y el predominio de los ya instalados) esto es casi una garantía de que terminaremos llamando "universidad" a una institución que se mantendrá lejos de serlo. Exactamente como ocurrió con la extensión de la educación obligatoria.