Pablo Da Silveira
Pablo Da Silveira

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El pasado sábado 4, radio El Espectador informó que todavía quedan tres mil horas docentes sin adjudicar en liceos de varios departamentos (principalmente Montevideo, Canelones y San José). Dado que pasaron las vacaciones de julio, las pérdidas de tiempo pedagógico sufridas por los alumnos equivalen a medio año.

El pasado sábado 4, radio El Espectador informó que todavía quedan tres mil horas docentes sin adjudicar en liceos de varios departamentos (principalmente Montevideo, Canelones y San José). Dado que pasaron las vacaciones de julio, las pérdidas de tiempo pedagógico sufridas por los alumnos equivalen a medio año.

El jueves 10, el semanario Búsqueda divulgaba los resultados de un censo a 2.500 directores realizado en 2012-2013. Los datos revelan que uno de cada tres directores de Primaria y Secundaria permanece menos de un año en su cargo. La situación es peor en UTU, donde eso ocurre con la mitad de los directores. Apenas el 18% de los directores de Primaria, el 26% de los de Secundaria y el 13% de los de UTU permanece más de tres años.

Estos hechos son preocupantes y están conectados entre sí. Todo el mundo sabe que la extensión y continuidad del tiempo pedagógico son condiciones necesarias (aunque no suficientes) para lograr buenos aprendizajes. Todo el mundo también sabe que la estabilidad de los planteles docentes y de los directores son condiciones cruciales para que los institutos de enseñanza funcionen como comunidades de aprendizaje. La coexistencia de estos problemas en nuestra enseñanza vuelve esperables los malos resultados en pruebas como PISA.

Otra conexión entre estos hechos es que ambos son consecuencia del régimen de elección de horas docentes que tenemos en este país. Ese sistema crea “restos” de horas que nadie elige, facilita los manejos turbios (como la “reserva” de horas que no llegan a ser ofrecidas), obliga a muchos docentes a una vida nómade y genera inestabilidad en aquellos institutos que atienden a la población más vulnerable (porque la única manera de mejorar las condiciones de trabajo es saltar de un centro a otro). Los estudios que sustentan estas afirmaciones existen en el país desde hace al menos dos décadas.

Pero no todo el mundo parece estar al tanto. El viernes 11 de julio, este diario publicó declaraciones del consejero Daniel Landoni, uno de los cinco miembros del Codicen, en las que el jerarca niega que el sistema anual de elección de horas sea causa de problemas. “No hay forma de saber si esto es verdad”, dijo Landoni, de modo que no hay razones para modificar el sistema a corto plazo. Por ahora sólo se introducirán algunas mejoras operativas, al tiempo que se iniciará un plan piloto en el IPA. Si esa experiencia funciona, en dos años se evaluará si conviene extenderla.

Lo grave del episodio no es que el consejero Landoni defienda en solitario una tesis tan exótica. Lo realmente grave es ver funcionar una vez más la lógica corporativa que está corroyendo nuestra enseñanza.

El régimen anual de elección de horas no existió desde siempre: se fue instalando progresivamente como resultado de una serie de apartamientos del sistema anterior. Ese cambio, que favoreció a los docentes “instalados” y perjudicó a todo el resto, se procesó a espaldas de la ciudadanía, sin que nadie informara ni se hiciera cargo. Parecería que sólo “pasó”, como si no hubiera habido nadie dedicado a impulsarlo. Pero ahora, cuando se reclama públicamente un cambio que favorecería a los alumnos y obligaría a adaptarse a “los instalados”, la resistencia aparece en forma explícita de boca de un alto jerarca. No importa que, para defender los intereses creados, se tuerza la lógica y se dañe a mucha gente.

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