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Cambiar en democracia

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PABLO DA SILVEIRA
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En las elecciones de 2004 los uruguayos votaron por un cambio. Golpeados por la crisis de 2002, decidieron interrumpir un período de veinte años de gobiernos de coalición entre blancos y colorados, y darle una oportunidad al Frente Amplio.

En marzo de 2005 se inició el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez.

Los uruguayos habían pedido cambios y aquel gobierno se los dio. Apenas iniciada la nueva administración, se aprobó el Plan de Emergencia. Antes de que terminara marzo se había creado un nuevo ministerio: el Mides. También se decretó la emergencia carcelaria y se aprobó una amnistía que puso en la calle a miles de personas privadas de libertad. Se creó el gabinete social (iniciando la práctica de crear grandes estructuras interministeriales), se inició una nueva política de derechos humanos y se aprobó un decreto antitabaco que cambió las costumbres de los uruguayos.

Todo eso pasó en el primer año. Y luego hubo más. En 2006 se lanzó un Debate Educativo que condujo a la aprobación de una nueva Ley de Educación a fines de 2008. En 2007, el Plan de Equidad sustituyó al Plan de Emergencia. Ese año también se concretó una gran reforma tributaria que, entre otras cosas, introdujo el IRPF. En 2008 se inicia una reforma sanitaria centrada en la idea de un Sistema Nacional Integrado de Salud. En 2009 se crean el Plan Ceibal y el Plan Cardales. Esta lista es incompleta, pero habla de un dinamismo que no repetirían los siguientes gobiernos del Frente Amplio.

Ante esta ola de cambios, la oposición se comportó de manera democrática. Acompañó algunas iniciativas (como la creación del Mides), criticó duramente y se negó a votar otras (como la Ley de Educación), pero nunca puso en cuestión la legitimidad que tenía el gobierno para impulsar esas transformaciones: el presidente Vázquez no solo contaba con una mayoría parlamentaria legítima, sino que los ciudadanos le habían dado ese mandato. De modo que la oposición acató las decisiones aun cuando no le gustaran, y no intentó ningún método extraparlamentario para bloquearlas.

A fines de 2019, los uruguayos volvieron a emitir un mandato de cambio. Luego de tres gobiernos de Frente Amplio, y ante la acumulación de problemas como la inseguridad, el desempleo y la crisis educativa, los votantes decidieron que era hora de darle una oportunidad a una coalición liderada por Luis Lacalle Pou.

La “coalición multicolor” ofreció una agenda con fuerte contenido transformador y recibió un apoyo que le permite contar con una amplia mayoría parlamentaria. Lo esperable en una democracia sana es que esos cambios se concreten. Y el rol que le corresponde a la nueva oposición es acompañar aquellas decisiones que le parezcan adecuadas, y criticar y negarle el voto a aquellas con las que discrepe, sin intentar bloquearlas con métodos extraparlamentarios.

En los próximos tiempos se pondrá a prueba el talante democrático de nuestra izquierda. Y no todo lo que se escucha es tranquilizador. Denunciar al nuevo gobierno por querer cambiar es ignorar la voz de la ciudadanía, además de olvidar lo que hizo el propio Frente Amplio. Llamar a “resistir” un mandato que surge de las urnas es simplemente antidemocrático. Peor aún es querer justificar esas actitudes apelando a un lenguaje tendencioso y soberbio, que llama “avances” a los cambios propios y “retrocesos” a los ajenos.

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