La ministra María Julia Muñoz salió al cruce de algunas propuestas de política educativa formuladas por el senador Luis Lacalle Pou, diciendo que todo lo sugerido estaba en ejecución desde inicios de 2016.

La ministra María Julia Muñoz salió al cruce de algunas propuestas de política educativa formuladas por el senador Luis Lacalle Pou, diciendo que todo lo sugerido estaba en ejecución desde inicios de 2016.

Un análisis punto por punto revela, sin embargo, que esa afirmación es insostenible. No es verdad que la incertidumbre generada en torno a la última elección de horas en Secundaria haya sido superada. Tampoco es cierto que la relativamente buena inscripción que tuvieron este año los centros de formación docente represente alguna clase de mejora, porque el problema grave no está en el ingreso sino en el egreso. De manera muy clara en ambos casos, el senador Lacalle Pou estaba señalando problemas que siguen pendientes de solución.

¿Al menos tuvo razón la ministra cuando dijo que la propuesta de becas realizada ya existe? La respuesta es nuevamente negativa. El planteo de Lacalle Pou tiene una magnitud y una lógica muy diferentes de las que caracterizan a los actuales programas de becas. Por lo pronto, ninguno de ellos incluye el compromiso posterior de trabajar cierta cantidad de años en la actividad docente.

El debate es instructivo en varios sentidos, pero además encierra una sorpresa. A la hora de enunciar los programas de becas que se están ejecutando actualmente, la ministra habló de “becas de trabajo para estudiantes de Magisterio”. ¿A qué se refería exactamente?

Con esta frase algo críptica, la ministra aludía a una novedad que ha pasado inadvertida. El 2 de febrero pasado, el Codicen autorizó la creación de 30 “becas técnicas” a ser distribuidas entre estudiantes avanzados de magisterio y de educación inicial. Quienes obtengan una de esas becas pasarán a trabajar 30 horas semanales, durante un período de un año, en una escuela dependiente del Consejo de Educación Primaria. Allí podrán hacer trabajo de aula (aunque sin tener un grupo a su cargo) y realizar diversas tareas administrativas. También podrán mantener entrevistas con padres, impulsar proyectos recreativos, acompañar procesos de aprendizaje, contribuir al estímulo de la lectura y “colaborar en todas aquellas tareas pedagógicas que la dirección estime pertinente” (sic).

En una palabra, los “becarios técnicos” van a hacer todo lo que hace un maestro, solo que sin serlo. Esto nos pone como mínimo al borde de la legalidad, ya que la Ley de Educación vigente exige título habilitante para ser docente en educación inicial, primaria y media básica. Pero todavía hay algo más. La resolución no alude a ninguna estrategia de formación docente en la que se inscriba esta iniciativa. No se fijan objetivos, no se especifican formas de evaluación ni se explica cómo se articulará esta experiencia con el plan general de formación de cada becario. Tampoco se dice por qué esta oportunidad se ofrece a una proporción tan baja del total de quienes asisten a los institutos normales.

Todo indica que la “beca técnica” creada a principios de este año no es realmente una beca, sino una reacción desesperada de las autoridades educativas para compensar el déficit de maestros que se viene acumulando desde hace casi una década. Las cosas se han hecho tan mal que el número de maestros titulados por año cayó de unos 1.400 a unos 700. Entonces hay que recurrir a soluciones de emergencia. Pero, como no se quiere reconocer el fracaso, se las disfraza de otra cosa.